• Para Arsenia los dos meses de cuarentena no fueron sencillos: ella acostumbraba ir, al menos una vez a la semana, a la Fiscalía de Querétaro para dar seguimiento a la investigación, pero el Covid-19 ya se lo impide

Arsenia Moreno siente que la pandemia la ha puesto en el último lugar de la fila para acceder a la justicia, pues desde 2019 ella busca que castiguen al feminicida de su hija, Marlene Fernanda, ahora su caso quedó paralizado, porque el Ministerio Público y el Poder Judicial de Querétaro no trabajan de manera regular.

Para Arsenia los dos meses de cuarentena no fueron sencillos: ella acostumbraba ir, al menos una vez a la semana, a la Fiscalía de Querétaro para dar seguimiento a la investigación, pero el Covid-19 ya se lo impide, además el juez que lleva el caso no le ha dado fecha para su próxima audiencia.

“Todo se ha ido retrasando. Yo no puedo ir a pedir información porque la fiscalía sólo está atendiendo casos recientes. Para esta fecha ya debería tener algo del asesino de mi hija”, lamenta. Las familias de víctimas no son las únicas testigos de cómo el acceso a la justicia se ha frenado en México: también lo hacen abogados.

“La procuración e impartición de justicia no ha cumplido con lo necesario para continuar operando durante la pandemia por coronavirus. Las fiscalías de muchos estados interrumpieron actividades, establecen guardias con poco personal para dar continuidad sólo a situaciones urgentes, lo que paralizó las investigaciones que se realizan.

“Los poderes judiciales de los estados, en la mayor parte de los casos, ni siquiera establecieron guardias, sino que suspendieron totalmente sus actividades, manteniendo solamente aquellas de carácter urgente”, comenta Carlos Olvera, asesor jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.

Todo esto ocurre en medio de aumento en la violencia contra las mujeres: el pasado abril de 2020, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), fue el mes más cruento para este sector desde 2015 en términos de homicidios dolosos, ya que se registraron 267.

En el mismo mes ellas hicieron 60 mil 543 llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia familiar, número que es el mecanismo que el gobierno federal ha promovido para que pidan ayuda si son vulneradas en algún momento de la pandemia.

Por otro lado, Araceli Ávila también da testimonio de cómo el acceso a la justicia para las mujeres, y quizá para muchas más personas, se ha estancado. Ella pelea para que castiguen al asesinato de su hija, Zaira Karina, quien perdió la vida en 2017, supuestamente a manos de su esposo.

“Todo está parado por el Covid-19. Nosotros cada 20 días teníamos audiencias y ya sólo faltaba escuchar a dos testigos de él [el acusado] y dos de nosotros para ver si nos otorgaban la pena máxima, porque asesinó a mi hija con toda la ventaja y todo el odio hacia la mujer”, comparte Araceli.