El mejor antídoto contra los malos políticos son las instituciones fuertes.
En 1628 el parlamento inglés estableció una serie de limitaciones a las adquisiciones y privilegios de la corona, al punto de prohibir cualquier regalo, impuesto especial o prerrogativa económica a favor del rey, sin la autorización del Parlamento. En 1642 el rey Carlos I decidió ignorar este mandato, lo que llevó a su decapitación en 1649. A partir de entonces, la monarquía británica ha respetado dichas ordenanzas.
El historiador Niall Ferguson, en su magnífico libro “Civilización” (2011), concluye que de todos los factores que pueden explicar la supremacía de Occidente sobre el resto del mundo en los últimos 500 años, el de mayor peso fue el carácter de sus instituciones. En la comparación que hace de lo que resultó de la conquista de las Américas por parte de las potencias europeas, destaca el derecho de propiedad y el gobierno representativo como pilares fundacionales de la confederación que dio origen a Estados Unidos. En la otra cara de la moneda, Simón Bolívar, en uno de sus últimos escritos, atribuye el fracaso de la confederación sudamericana al hecho de que quienes hicieron la independencia no tenían experiencia ni en gobierno ni en propiedad de la tierra, pues estos eran ámbitos del dominio exclusivo de la corona española, que nunca trasminaron al resto de la sociedad.
Es cierto que las instituciones del Estado emanan de leyes y reglamentos, pero el efecto no es acumulativo ni su existencia garantiza su eficacia. Desde su independencia, en 1811, Venezuela ha estrenado 26 constituciones políticas, mientras que la constitución política de Estados Unidos permanece casi intacta desde su promulgación en 1787. No es entonces el número de leyes y reglamentos lo que hace a las instituciones democráticas sólidas, duraderas y eficaces.
El historiador inglés Theodore Zeldin, en su obra “Historia íntima de la humanidad” (1997), señala que en la tradición anglosajona las sociedades funcionan básicamente por contrato, mientras que las sociedades asiáticas tienden a funcionar por redes. Le cuesta trabajo ubicar a los países africanos y latinoamericanos, pues si bien muchos de ellos proclaman ser sociedades contractuales y son vastos en leyes y reglamentos —historia que nos puede sonar conocida— al final lo que predomina son las redes. Añade que las instituciones que emanan de esta combinación son las menos eficaces.
Dice Zeldin que las mentalidades no se pueden cambiar por decreto, pues están basadas en memorias históricas que resultan casi imposibles de matar. Por ello, para que funcionen las leyes y las instituciones que de ahí emanan, no solo debe haber valores y criterios que las encaminen hacia el bien común, sino que se deben cumplir y hacer cumplir.
Lo más significativo del pasaje histórico con el que inicia esta nota no son las restricciones que el Parlamento le puso al rey, sino el costo que el rey pagó por incumplirlas. El apego a la cultura de la legalidad, en gobernantes y gobernados, deseablemente debe ser por convicción, pero sobre todo, es una obligación.
Finalmente, lo que da fortaleza a las instituciones no son las leyes y los organigramas, sino el conocimiento, la experiencia y el espíritu de servicio de quienes las integran. Por ello la importancia de distinguir entre los servidores profesionales del Estado y los políticos. Las instituciones son lo único con lo que cuentan los políticos para hacer una diferencia, por ello la importancia del respeto a las instituciones. En eso la historia no ha cambiado desde hace más de 25 siglos cuando Confucio escribió que la virtud no habita en la soledad: debe tener vecinos.
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