Salvado el último escollo -el fondo de privatizaciones de activos públicos tendrá su sede en Grecia, como reclamaba el Gobierno de Alexis Tsipras, y no en Luxemburgo-, la consecución de un acuerdo con los socios dio un fugaz alivio a Atenas, algo parecido a un espejismo de solución. La dureza de las medidas exigidas por los socios y, sobre todo, la aprobación por el Parlamento griego de las mismas –por la vía de urgencia, antes del miércoles- amenazan con desencadenar una crisis política inmediata, dadas las diferencias existentes en el grupo parlamentario del Gobierno y la pérdida de su mayoría absoluta en la Cámara. La tramitación saldrá adelante gracias al apoyo de los tres partidos de la oposición proeuropea, pero, según la mayoría de las fuentes, con un alto costo político para el Ejecutivo.

“Es un acuerdo difícil, pero hemos tomado la decisión correcta para apoyar al país y a su sistema financiero, y para, en este contexto, tener posibilidades de crecer. Grecia necesita reformas radicales que favorezcan a la sociedad y no a los oligarcas protegidos por los Gobierno anteriores. Hemos demostrado la soberanía popular, ahora debemos trabajar para restablecer la soberanía nacional. Pese a las difíciles medidas, el Grexit ya pertenece al pasado”, dijo un serio pero sereno Tsipras en Bruselas tras anunciarse el pacto. (Agencias)