MÉXICO, D.F.‑ La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) será la institución encargada de distribuir los recursos del Fondo Minero en los 24 estados que se dedican a la extracción de minerales y validará los proyectos que tengan por objeto el desarrollo regional de las zonas mineras.

En una reunión que sostuvo Jesús Murillo Karam, titular de la SEDATU, con integrantes de la Cámara Minera de México (Camimex), destacó que los recursos del Fondo Minero, el cual proviene de los nuevos derechos que deberán cubrir todas las empresas mineras en México, serán distribuidos por la dependencia que encabeza y apoyarán proyectos que sean “auténticamente productivos”.

Murillo Karam comentó que “una industria minera moderna, como la que existe actualmente, no deja solo ruinas, sino genera condiciones de desarrollo específico en zonas mineras”. Señaló que la mayor parte de los denominado “Pueblos Mágicos” son de origen minero y recordó el caso de Real del Monte, que luego de ser un “pueblo fantasma” durante un tiempo, se llevó a cabo un proyecto enfocado a desarrollar la actividad turística de la zona minera hidalguense.

La SEDATU deberá validar los proyectos que presenten los núcleos agrarios, municipios o estados para asegurarse que el recurso se utilice adecuadamente, con proyectos que verdaderamente apoyen el desarrollo regional en las zonas mineras, detalló Arturo Nahle García, subsecretario de Desarrollo Agrario de la SEDATU.

Nahle García explicó a los integrantes de la Camimex que derivado de las reformas a la Ley de Derechos las empresas mineras deberán pagar impuestos adicionales y el 80% de dichos recursos serán regresados a los estados y municipios donde se hagan las extracciones. Por lo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada de llevar a cabo la recaudación de los impuestos, mientras que la SEDATU distribuirá los recursos.

Agregó que dicha ley prevé la integración de comités, conformados por un representante de la industria minera, otro de los gobiernos locales, otro de los ejidos y uno del Gobierno de la República, quienes serán los encargados de establecer cómo se va a distribuir el recurso. Además, se conformará un área con mediadores, que funjan como conciliadores entre las empresas mineras o de hidrocarburos, los ejidatarios y comuneros.

El subsecretario de Desarrollo Agrario resaltó la importancia de la mediación para lograr acuerdos justos, que no sean ventajosos para nadie. “Porque hemos visto en el pasado, acuerdos que a veces no favorecen a la industria y muchas veces tampoco favorecen a los núcleos agrarios”, dijo.

El sector minero genera el 8.9% del Producto Interno Bruto (PIB) industrial y el 3% a nivel nacional, da empleo a más de 2 millones de personas. Por su actividad minera se destacan estados como Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, San Luis Potosí, Guerrero, Colima y Estado de México. (Agencias)