México, D.F.- Integrantes de la comunidad indígena de Santa María Ostula, del municipio de Aquila, Michoacán exigieron se garantice la integridad de la comunidad y respeto a su Policía Comunitaria, así como la inmediata libertad de Cemeí Verdía Zepeda (Primer Comandante de la Policía Comunitaria de Santa María Ostula y Coordinador General de las Autodefensas de los municipios de Aquila, Coahuayana y Chinicuila).
También demandaron justicia inmediata y castigo a los culpables de la muerte del niño Idilberto Reyes García, y de las agresiones a la población del domingo pasado.
En un comunicado, informaron que se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Gobernación (SG), entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián y el Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz; así como el Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, Eber Omar Betanzos Torres; entre otros.
“Se firmaron doce acuerdos entre ellos que la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de Justicia de Michoacán se comprometen a ser muy cuidadosos y detallados respecto a las declaraciones públicas que hagan sobre los hechos ocurridos el pasado 19 de julio”.
Asimismo señalaron que las autoridades presentes condenaron los hechos ocurridos en la comunidad indígena de Santa María Ostula, en el que murió el niño Idilberto Reyes García, y se comprometieron a que se haga justicia y se esclarezca la verdad de lo ocurrido y a que no existan agresiones, hostigamiento o detenciones por el ejercicio de la seguridad comunitaria por parte de las autoridades, en contra de integrantes de la Comunidad Indígena de Santa María Ostula, Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Coahuayana, sin que esto signifique ningún tipo de impunidad en favor de cualquiera de las personas miembros de la comunidad.
De acuerdo con la comisión, los funcionarios también sostendrán una reunión en la región con representantes y miembros de la comunidad de Santa María Ostula, a más tardar en un plazo no mayor de 15 días. La fecha la definirá la subsecretaría de Derechos Humanos la próxima semana. (Agencias)