El bono demográfico de México, Centroamérica y el Caribe se ha convertido en un crucial activo para la competitividad de la economía de Estados Unidos, país con el que tienen sendos tratados de libre comercio y al que envían una parte significativa de su fuerza de trabajo.
El llamado bono demográfico ocurre cuando un país cuenta con una abundante fuerza de trabajo en edad productiva, entre 15 y 64 años, que supera significativamente a la población dependiente, entre 0 y 14 años, y de 65 años o más. La tasa de dependencia es el índice que resulta de dividir la población dependiente entre la población productiva. A mayor población en edad de trabajar, menor tasa de dependencia.
México, Centroamérica y el Caribe tienen una población joven y una tasa de crecimiento poblacional muy superior a la de los países industrializados. Sin embargo, hemos desaprovechado nuestro bono demográfico, porque consideramos a los migrantes como población excedente y residual. No educamos a los jóvenes, los exportamos como mercancías.
Estados Unidos sí aprovechó el bono poblacional de sus vecinos. Un tsunami demográfico hará que entre 1970 y 2070 los latinos en nuestro vecino del norte pasen de ser 1 de cada 20 habitantes a uno de cada 3. A partir de 2010 el crecimiento de la población latina estadounidense se explica mucho más por los residentes (el acervo poblacional) que por los inmigrantes (el flujo migratorio). Los latinos pagan las pensiones de los baby boomers anglosajones.
A 21 años de la entrada en vigor del TLCAN, el economista y artífice del tratado Jaime Serra Puche nos entrega un libro de consulta indispensable: El TLC y la formación de una región – un ensayo desde la perspectiva mexicana, (FCE, México 2015).
Serra explica que Estados Unidos se ha enfocado en dificultar la entrada (y con ello, la salida) de los trabajadores migrantes. Los TLCs que firmó con México y Centroamérica instauraron la libre circulación de bienes y servicios, de capitales y de inversiones, pero restringieron la movilidad laboral.
EU y Canadá tienen abundancia de capital, mientras México (todavía) cuenta con una dotación abundante de mano de obra. La falta de movilidad laboral autorizada resta capacidad de negociación a los trabajadores frente a sus empleadores y erosiona la convergencia salarial y de ingreso entre los tres países.
Serra propone una política pública intrarregional de movilidad laboral —yo sumaría Centroamérica y el Caribe a la región América del Norte— con el fin de regular y administrar los flujos presentes y recuperar la circularidad de trabajadores migrantes que van y vienen de acuerdo con los ciclos económicos. Ello haría más competitiva a nuestra región frente al bloque europeo y el de Asia del Este, donde la población envejece rápidamente, e incluso empieza a disminuir.
Sin reforma migratoria ni movilidad laboral, con la recesión estadounidense más de 1.4 millones de migrantes mexicanos y sus niños retornaron o fueron deportados a México desde 2005. Entre ellos están más de medio millón de jóvenes de 18 a 35 años de edad, que cuentan con educación superior o media superior y hablan inglés, la lengua franca de la economía globalizada.
El nulo cumplimiento de los derechos laborales y la contención salarial frenan el crecimiento y el desarrollo de México. La geografía y la demografía nos favorecen a futuro, pero sus beneficios sólo se materializarán si invertimos de manera más inteligente en nuestra propia gente. Nos toca construir estructuras sociales incluyentes en los ámbitos educativo, salarial, y de fortalecimiento de capacidades productivas, tanto en el ámbito nacional como en el transnacional.
Twitter: @Carlos_Tampico