El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció este viernes su reincorporación al cargo tras casi cuatro meses de licencia. Durante este periodo, el mandatario compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) para responder a los señalamientos de Estados Unidos sobre presuntos vínculos de su administración con el cártel de Sinaloa, acusaciones que calificó de «falsas» y carentes de sustento.
«Hoy regreso al ejercicio de mi responsabilidad como gobernador de Sinaloa con la frente limpia y en alto, y con la fuerza de la verdad de nuestro lado», afirmó Rocha Moya a través de un mensaje en la red social X.
El funcionario detalló que, durante los 112 días de su ausencia (iniciada el 01 de mayo), se puso a disposición de las autoridades competentes. Tras las investigaciones, la FGR determinó que no existen pruebas que lo vinculen con las imputaciones realizadas por el Gobierno estadounidense.
Rocha Moya sostuvo que, según el expediente de la Fiscalía, «no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna; es decir, no he cometido ningún delito».
A finales de abril, el Departamento de Estado de EE. UU. señaló a Rocha Moya y a otros nueve funcionarios estatales por su presunta implicación en una red de complicidad con líderes del cártel de Sinaloa. Según la acusación, habrían facilitado el tráfico de narcóticos hacia territorio estadounidense a cambio de sobornos y apoyo político.
El gobernador tachó estos señalamientos de «falsos» y aseguró que obedecen a «motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera» que buscan vulnerar la soberanía del país.
«Soy ajeno e inocente de las patrañas que se han urdido en mi contra», enfatizó, reafirmando además su compromiso con el proyecto de la denominada Cuarta Transformación.
Asimismo, expresó su total respaldo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, describiéndola como una firme defensora de la democracia y la independencia nacional frente a las asechanzas de intereses externos y la oposición.
De acuerdo con los informes de inteligencia de EE. UU., la red criminal operaba para introducir fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina en dicho país, contando con presunta protección desde diversas estructuras gubernamentales en la entidad.
Entre los involucrados en la investigación también figuran el senador Enrique Inzunza, así como los exsecretarios estatales de Seguridad Pública y de Administración y Finanzas, Gerardo Mérida y Enrique Díaz, respectivamente.
La acusación sostiene que los funcionarios habrían brindado protección a las operaciones del cártel, específicamente a la facción de los Chapitos, filtrando información sensible y facilitando el trasiego de drogas a cambio de millonarios pagos ilícitos.
