Tras la aprobación del Congreso de Hidalgo para que alcaldes firmen contratos sin autorización de cabildo, la regidora de Apan Gloria Hernández Madrid cuestionó quién será quien vigile la transparencia de los contratos o convenios que suscriban los presidentes municipales.
Enfatizó que la iniciativa, más allá de agilizar los trámites o eliminar un requisito considerado burocrático, “desaparece la participación de las y los regidores que representan a la ciudadanía; la pluralidad de sus integrantes no es un problema administrativo que deba eliminarse para agilizar decisiones”.
Destacó que los contrapesos no son obstáculos para gobernar, son garantías para gobernar con legalidad, “si se reducen las facultades de conocimiento, autorización o control de las y los integrantes del Ayuntamiento sobre actos que pueden comprometer recursos, patrimonio y obligaciones municipales, ¿quién vigilará esas decisiones?”.
Además, preguntó por los controles que existirán antes de comprometer recursos públicos, cómo evitarán contrataciones innecesarias, precios excesivos o compromisos que afecten las finanzas municipales, previendo que se cometa abuso.
Hernández Madrid consideró que la discusión no debe centrarse en si confían o no en determinado presidente, sino en prever controles institucionales independientemente de quién gobierne, “el presupuesto municipal no pertenece al alcalde, los recursos públicos pertenecen al pueblo, y los integrantes del cabildo tienen el deber de defender y transparentar los recursos si su ejecución afecta a la ciudadanía”.
Recordó que en la mayoría de los ayuntamientos los regidores han señalado una vulneración a su derecho de acceso a la información pública por parte de los alcaldes, llevando varios juicios al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo.
Por lo anterior exhortó a los integrantes de los Ayuntamientos a que analicen la iniciativa de reforma, defiendan la representación popular y la ejerzan con responsabilidad.
Subrayó, “es un asunto de democracia municipal y de quién responde ante la ciudadanía por el uso del dinero público; no acuerdos discrecionales; cuando hablamos de recursos públicos se requiere información oportuna, vigilancia en la aplicación y contrapesos para tomar las decisiones que mejor convengan a la ciudadanía”.
Enfatizó que al tratarse de una reforma a la Constitución local, el trámite todavía no concluye, pues ahora la minuta deberá enviarse a los 84 ayuntamientos y requerirá el aval de la mayoría para que el Congreso pueda emitir la declaratoria definitiva.
