La Fiscalía General de la República (FGR) negó este lunes que la investigación contra el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel responda a una persecución política y sostuvo que su vinculación al proceso deriva de su probable participación en una red de contrabando de hidrocarburos por ferrocarril.
En un comunicado, la institución afirmó que fueron sus propias investigaciones las que revelaron la posible intervención de Ruffo Appel y de otras personas procesadas, y defendió que las actuaciones se han realizado con apego al debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos.
La FGR añadió que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa conforme a la Constitución mexicana, por lo que las personas imputadas por ese ilícito no pueden seguir su proceso en libertad.
El pasado 23 de julio, un juez federal vinculó al proceso a Ruffo Appel y otras siete personas por su presunta participación en una estructura relacionada con el contrabando y la comercialización ilegal de combustibles.
Según informó antes la Fiscalía, Ruffo Appel fue procesado por delincuencia organizada, contrabando y delitos en materia de hidrocarburos, recibió la prisión preventiva y permanece en el penal federal del Altiplano, en el central Estado de México.
La investigación comenzó con el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, y después se extendió a San Luis Potosí y Nuevo Laredo.
La FGR sostiene que se declaraba solo el 10 por ciento del contenido real de algunas unidades.
La institución también señaló que Ruffo Appel se incorporó en 2018 al capital de la empresa identificada como principal importadora y que para 2021 era accionista y secretario del consejo de administración.
Antes de su detención, el exgobernador, de 74 años y militante del Partido Acción Nacional (PAN), negó irregularidades y aseguró que colaboraría con las autoridades, mientras opositores del Gobierno han calificado el caso como «persecución política».
