El Congreso del Estado de Hidalgo exhortó a la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) y al Sistema de Transporte Convencional para que informen sobre las tarifas vigentes del servicio de taxi, así como los mecanismos utilizados para supervisar, verificar y sancionar el cumplimiento de los cobros autorizados.
El acuerdo económico presentado por el diputado Avelino Tovar Iglesias derivó de la discusión generada por posibles modificaciones a las tarifas y la incertidumbre entre usuarios respecto de los montos que deben cobrar los concesionarios.
De acuerdo con el documento legislativo, la discusión cobró relevancia luego de que medios estatales difundieran información sobre una propuesta de la Federación de Uniones de Trabajadores del Volante del Estado de Hidalgo (FUTVEH), que habría planteado ante la Semot establecer una nueva tarifa mínima de 55 pesos por los primeros cuatro kilómetros, además de un cobro de 4.50 pesos por cada kilómetro subsecuente.
Los trabajadores del volante argumentaron, que a partir del incremento en sus costos de operación, particularmente mantenimiento y combustible. Sin embargo, el Congreso señala que también existe incertidumbre respecto de cuál es actualmente la tarifa aplicable.
En la discusión, los diputados, recordaron la existencia de una concesión otorgada a la empresa Taxi Contigo para operar un sistema digital de determinación tarifaria por un periodo de diez años, situación que, según el planteamiento legislativo, ha generado que en diversas ocasiones el costo sea acordado directamente entre conductor y usuario.
Asimismo, se refiere que anteriormente se había difundido una tarifa mínima cercana a 38 pesos por los primeros cuatro kilómetros, con incrementos por kilómetro adicional, mientras que usuarios han denunciado cobros superiores a esos montos. Para los legisladores, esta situación genera inconformidad y percepción de posibles abusos.
Finalmente, los diputados coincidieron en que un incremento de alrededor de 38 a 55 pesos representaría un aumento considerable para la economía de trabajadores, estudiantes, adultos mayores y otras personas que utilizan este servicio, por lo que consideran necesario que cualquier modificación tarifaria tome en cuenta tanto los costos de operación de los concesionarios como la capacidad adquisitiva de la población.
