Con el objetivo de “fortalecer la planeación financiera de los ayuntamientos y garantizar el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, el Congreso del Estado de Hidalgo exhortó a los 84 municipios de la entidad a informar sobre la vigencia de sus estudios actuariales y, en su caso, actualizarlos.
El dictamen señala que los municipios con trabajadores sindicalizados, personas pensionadas, jubiladas o con pasivos laborales derivados de controversias de trabajo deberán dar a conocer al Congreso el estado que guardan sus estudios actuariales relacionados con las obligaciones laborales y de pensiones.
Y establece que aquellos ayuntamientos cuyos estudios hayan perdido vigencia o estén próximos a vencer deberán realizar las gestiones necesarias para su actualización, con el fin de cumplir con la legislación en materia de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria.
En su intervención, los legisladores recordaron que el artículo 18 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, obliga a los gobiernos municipales a incorporar en sus iniciativas de Ley de Ingresos y proyectos de Presupuesto de Egresos un estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores, el cual debe actualizarse, como mínimo, cada cuatro años.
De acuerdo con el dictamen, estos estudios constituyen una herramienta técnica indispensable para proyectar el comportamiento de las obligaciones laborales, estimar el impacto financiero de los sistemas de pensiones y prevenir desequilibrios presupuestales que puedan comprometer la estabilidad financiera de los municipios.
La comisión advirtió que diversos ayuntamientos hidalguenses cuentan con estudios actuariales vencidos, próximos a perder vigencia o incluso carecen de ellos, situación que dificulta conocer con precisión el monto de los pasivos laborales y limita la adecuada planeación presupuestaria.
Además, señaló que la ausencia de estos documentos puede afectar el proceso de revisión de las iniciativas de Ley de Ingresos que los municipios presentan ante el Congreso, al no cumplir con los requisitos técnicos establecidos en la normatividad vigente.
