El Salvador cumplió el pasado jueves tres años bajo un régimen de excepción adoptado en marzo de 2022 por el Gobierno del presidente Nayib Bukele contra las pandillas, tras la peor ola de homicidios registrada en la historia reciente del país.
Si bien la medida goza de un amplio respaldo por su impacto en la reducción de la violencia en el país, ha sido cuestionada no solo por miles de denuncias de violaciones a derechos, incluidas muertes bajo custodia estatal; también por la reciente llegada de más de 200 venezolanos deportados por Estados Unidos.
A pesar de que el Gobierno de Bukele afirma haber desbaratado el funcionamiento de las pandillas con más de 85 mil arrestos, la Asamblea Legislativa ha venido ampliando la medida extraordinaria sucesivamente hasta 36 veces a petición del Ejecutivo, por lo que analistas consideran que se ha convertido en un mecanismo de «control social».
Esta crisis de asesinatos, que dejó más de 80 muertes en tres días, fue el resultado de la ruptura de un pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas, según investigaciones del medio local El Faro.
«No podemos tratar de refutar el hecho de que la presencia de miembros de pandillas en las calles ha disminuido (pero) el régimen de excepción actualmente en El Salvador viene siendo ya como una herramienta de control social», dijo a EFE Antonio Palacios, de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH).
Baja en homicidios y accionar de pandillas
Desde 2016, El Salvador ha venido experimentando bajas sostenidas en las cifras de homicidios tras registrar en 2015 el año más violento de su historia reciente, pero esta baja se acentuó en 2019 con la llegada de Bukele al Ejecutivo.
El país registró en 2024 un total de 114 homicidios, cerca de un 26 por ciento menos que los computados en el 2023, mientras que la población también destaca la casi desaparición de las pandillas de sus barrios.
