IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO
La inclusión de mujeres en el ámbito del poder local ha progresado de manera más lenta, especialmente en lo que respecta a las alcaldías. Según datos hasta diciembre de 2021, el porcentaje de mujeres electas como alcaldesas en América Latina y el Caribe (ALyC) es del 15.4 por ciento, lo que no refleja un aumento significativo en comparación con el año anterior, ya que solo ha crecido en 0.13 puntos porcentuales.
En contraste, la representación femenina en las regidurías o concejalías ha visto un incremento notable, con un promedio de 32.7 por ciento de mujeres regidoras o concejalas electas para diciembre de 2021. En 2019, la región logró por primera vez superar el 30 por ciento de mujeres en los ayuntamientos municipales, un logro que se mantiene en 14 países, mientras que solo cinco todavía no han alcanzado este porcentaje.
Dos países han alcanzado la paridad en sus elecciones: Bolivia con el 52.3 por ciento y Nicaragua con el 50, mientras que Costa Rica el 47.8 y México 48.5 están cerca de lograrlo. Los seis países que tienen una mayor representación de alcaldesas que el promedio regional también superan el porcentaje de concejalas son: Chile, Cuba, México, Nicaragua, Surinam y Uruguay, siendo Bolivia la única excepción a esta tendencia.
Los países con mayor número de mujeres en los ayuntamientos son aquellos que han implementado normativas de cuotas de representación femenina o han establecido paridad en los cargos de representación local o municipal. En contraste, el bajo porcentaje de mujeres en alcaldías sugiere que los hombres continúan dominando en las posiciones de mayor poder de decisión.
Estos progresos logrados en las últimas décadas son fruto de las iniciativas desarrolladas desde los años ochenta por los movimientos de mujeres y feministas para expandir el ámbito de los derechos, así como de las acciones emprendidas por las propias mujeres dentro de los partidos políticos y de las medidas que los Estados han implementado para cumplir con sus compromisos regionales e internacionales en materia de derechos humanos, principalmente a través de reformas legales.
No obstante, la continuidad de las estructuras patriarcales en los sistemas políticos de los países sigue limitando el avance hacia una democracia equitativa, lo que conlleva a establecer grandes desafíos, debido a que de entre las barreras institucionales, sociales y culturales que persisten y dificultan el acceso de las mujeres al poder se incluyen:
La división del trabajo por género y la organización social del cuidado, que asignan a las mujeres el papel de principales encargadas de las labores de cuidado, lo que contribuye a la concentración del poder y a mantener relaciones jerárquicas de género.
La violencia de género en la esfera pública y política, que sigue vigente en muchos países de la región y se manifiesta a través de agresiones a mujeres líderes, periodistas y defensoras de derechos humanos, entre otras.
La cultura política y las estrategias de los partidos, que aún integran de manera escasa la paridad como un principio fundamental.
La escasa información sobre la diversidad de las personas elegidas o designadas para cargos decisionales, lo cual impide llevar a cabo análisis interseccionales que evidencien las barreras adicionales que enfrentan diferentes grupos de mujeres con menos recursos, redes y tiempo disponible, y la baja representación de mujeres afrodescendientes, indígenas o jóvenes, también significa que sus intereses y necesidades quedan fuera de la agenda política o son tratados de manera marginal, con estrategias y asignación de recursos inadecuados.
