Tras dos semanas del inicio de las inéditas campañas judiciales de México, ya hay más de una docena de candidatos acusados por organizaciones civiles de tener vínculos con el narcotráfico, asesinatos o criminales, lo que muestra los riesgos de elegir por voto popular a jueces, denuncian varias ONG defensoras de los derechos civiles.
Ante la elección del 01 de junio, el grupo Defensorxs documentó 13 «candidatos relacionados con el crimen organizado, delitos sexuales, sectas político-religiosas y otras irregularidades» en el sitio ‘Justicia en la mira’, donde resalta Silvia Rocío Delgado, ex abogada del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera.
Delgado, candidata a jueza penal local en el estado de Chihuahua, se integró al equipo de defensa del ‘Chapo’ en 2016, cuando «su papel consistió en servir como enlace directo con Guzmán Loera.
También sobresale Francisco Herrera Franco, candidato a juez penal federal de Michoacán, donde está acusado de pactos con criminales.
La justicia envuelta en polémica
La polémica escaló esta semana porque Nicollino Cangiamilla, candidato a magistrado en Sonora, estado del noroeste, denunció ante el Instituto Nacional Electoral (INE) al colectivo Ni Una Más Hermosillo, que lo acusa de negligencia como director del sistema penitenciario local, donde falleció la joven Paula Josette durante una visita conyugal irregular.
Briseida Arizona Velarde, madre de la víctima, lamentó en una entrevista con EFE que el INE, encargado de organizar los primeros comicios populares de jueces, magistrados y la Suprema Corte, permitió la candidatura del ex funcionario, acusado de omisiones en los protocolos de seguridad de este y otros casos.
