La Corte Suprema de Justicia de Argentina sobreseyó al excura Justo José Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por abuso de menores y expulsado del clero por el papa Francisco en diciembre de 2024, bajo el argumento de que los delitos prescribieron, informó este miércoles la prensa del país.
«Se declara procedente el recurso extraordinario, se deja sin efecto la sentencia apelada, se declara operada la preescripción de la acción seguida contra Justo José Illaraz y se sobresee al nombrado», indica al resolución de los tres jueces del Supremo: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Los jueces consideraron que había trascurrido el plazo que dicta el código penal para la prescripción, 12 años, y que no había operado ninguna de las causales de interrupción o suspensión de ese plazo contempladas.
En 2018, Ilarraz fue llevado a juicio por abuso sexual de menores en hechos acontecidos entre 1988 y 1992 en el Seminario Nuestra Señora del Cenáculo de la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, tras las denuncias de siete seminaristas.
Ilarraz fue condenado a 25 años de prisión por corrupción de menores y abuso sexual agravado, y su defensa presentó reiterados recursos alegando que los delitos habían prescrito, argumento que fue desestimado por distintos tribunales.
Pero la Corte Suprema aceptó revisar la decisión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, última instancia judicial provincial, y dio lugar al recurso extraordinario interpuesto por la defensa del exsacerdote.
Los magistrados supremos avalaron el planteamiento de prescripción y resolvieron que Ilarraz no puede ser responsabilizado penalmente por los hechos denunciados.
Ilarraz fue expulsado del clero por el papa Francisco en diciembre de 2024, tras un extenso proceso administrativo penal conducido por el Tribunal Interdiocesano Bonaerense. La medida constituye la sanción más grave que puede imponerse a un miembro de la Iglesia.
En ese entonces, la Diócesis manifestó su total solidaridad con las víctimas y reafirmó su repudio a todo tipo de abuso, subrayando que esta determinación respondía al compromiso de hacer justicia y reparar el daño causado.
