ESPEJOS DE LA REALIDAD
La Reforma Judicial propuesta por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha generado un intenso debate en los ámbitos político y social. Para entender mejor esta situación, es necesario conocer su origen.
El nueve de mayo de 2024, en su conferencia matutina, el Ejecutivo presentó el Plan C, una iniciativa de reforma constitucional que pretende modificar diversos aspectos del ordenamiento jurídico de México. Una de las propuestas más destacadas es la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular. Esta iniciativa busca el involucramiento directo de la ciudadanía en la selección de estos funcionarios, además de otros puntos de relevancia.
Sin embargo, aquí me gustaría detenerme y analizar lo que esto significaría para el país.
Es importante considerar las diferentes opiniones, evitar contribuir al pánico colectivo con especulaciones y continuar con nuestra labor ciudadana. Países como Estados Unidos, Japón o Bolivia ya practican este método, pero es precisamente el contexto político y cultural de cada nación lo que determina la efectividad de dicha práctica.
Vale la pena preguntarnos: ¿el hecho de que los ministros, magistrados y jueces sean elegidos por mandato popular, garantizaría que fueran menos corruptos? Esta pregunta puede replantearse de la siguiente manera: ¿elegir a nuestros gobernantes (presidente, legisladores, gobernadores) nos asegura que no sean corruptos?
La respuesta es no. Una cuestión no resuelve la otra; elegir a una persona no garantiza que sea mejor.
El ejercicio de la democracia, en la cual quiero aclarar que creo firmemente, no se limita solo a la elección de nuestros gobernantes. También incluye aspectos sustantivos como la rendición de cuentas, la transparencia, la legalidad y la imparcialidad.
En el contexto político mexicano, resulta crucial examinar cómo las leyes y las decisiones judiciales pueden influir en la vida de los ciudadanos, especialmente cuando se trata de proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad.
La democracia no se trata solo de elegir representantes, sino de la capacidad del sistema para protegernos a todos, incluso cuando no somos parte de la mayoría. Casos como el del aborto y el matrimonio homosexual, donde la Suprema Corte ha tenido que intervenir, demuestran la importancia de contar con un poder judicial independiente, que garantice los derechos establecidos en la Constitución, aun cuando la opinión popular sea contraria.
Es la Corte, la que debe asumir esos lugares incómodos, tomando decisiones que, aunque no sean populares, son necesarias para vigilar y proteger los derechos de todos. Algunos actores del sistema deben ser populares, mientras que otros deben mediar para que lo popular no gobierne un país en detrimento de los derechos individuales.
