La situación judicial del expresidente boliviano Evo Morales (2006–2019) atraviesa un momento de incertidumbre tras la emisión de dos resoluciones judiciales contradictorias en apenas tres días, relacionadas con una orden de captura en su contra por un caso de trata agravada de personas.
El pasado miércoles, la jueza Lilian Moreno, del Tribunal Departamental de Santa Cruz, anuló la orden de aprehensión dictada en octubre por un juez de Tarija. Según Nelson Cox, abogado de Morales, esta decisión se dio luego de que su defensa solicitara trasladar el caso a Villa Tunari (Cochabamba), donde el exmandatario reside desde noviembre.
El proceso penal en su contra se centra en una presunta relación con una menor de edad y la supuesta paternidad de un hijo durante su gestión presidencial. Morales había sido declarado en rebeldía por no asistir en dos ocasiones a citaciones judiciales en Tarija.
Tras conocer la resolución de Moreno, Morales celebró el fallo al asegurar que “llegó la justicia” y su defensa declaró que la medida le otorgaba “libertad irrestricta”, sin posibilidad de apelación. No obstante, la decisión generó críticas inmediatas desde las altas esferas del sistema judicial. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, y el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, cuestionaron la resolución y anunciaron investigaciones al respecto.
Este viernes, sin embargo, un nuevo revés complicó el escenario. El juez Franz Zabaleta, de La Paz, dispuso la vigencia de la orden de aprehensión contra Morales, al considerar que la decisión de Moreno debía suspenderse de forma cautelar “mientras se resuelva la queja” presentada ante su despacho.
La defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Wilfredo Chávez, rechazó el fallo de Zabaleta por considerarlo “ilegal e inconstitucional” y denunció presiones políticas detrás de su emisión. Chávez afirmó que “un juez no puede suspender la acción de libertad dictada por otro”, y advirtió que esta superposición de fallos podría provocar un “caos jurídico”.
Morales, por su parte, acusó al Gobierno de Luis Arce de estar detrás de lo que calificó como una maniobra desesperada para frenar su candidatura presidencial. Confirmó que el próximo 16 de mayo marchará hacia La Paz para formalizar su inscripción como candidato a las elecciones generales.
