El Congreso local aprobó el dictamen que incorpora la violencia institucional como una modalidad de vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de establecer la obligación de las autoridades de prevenir estas conductas.
La propuesta deriva de una iniciativa presentada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Karla Perales Arrieta, quien planteó fortalecer la protección de las personas menores de edad desde su primer contacto con autoridades estatales y municipales.
Entre los argumentos expuestos se encuentra la persistencia de prácticas que pueden afectar los derechos de adolescentes durante detenciones, traslados y puestas a disposición, particularmente cuando existen actos de intimidación, maltrato o uso indebido de medidas coercitivas.
Con las modificaciones aprobadas, se plantea definir la violencia institucional como los actos u omisiones de personas servidoras públicas que obstaculicen injustificadamente el ejercicio de derechos o vulneren la integridad y dignidad mediante maltrato físico o psicológico, intimidación, coacción, incomunicación o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Asimismo, se establece que las autoridades deberán prevenir y evitar cualquier forma de violencia institucional en las actuaciones en las que intervengan niñas, niños o adolescentes y modifica lo referente a la realización de pruebas psicológicas y de entorno social para víctimas, así como la formación especializada del personal que intervenga, con el propósito de evitar exposiciones innecesarias y prevenir la revictimización.
