Con 28 votos a favor, el Congreso del Estado de Hidalgo avaló el dictamen que aprueba con modificaciones la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo, con el propósito de reconocer expresamente la gestión social como parte de la función representativa de las diputadas y los diputados.
La propuesta fue promovida por el diputado Arturo Gómez Canales, integrante del grupo legislativo de Morena, y analizada por la Primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales. La iniciativa había sido presentada ante el Pleno el 10 de febrero de 2026 y turnada a dicha comisión un día después.
El objetivo de la reforma es otorgar certeza jurídica a una actividad que, de acuerdo con la exposición de motivos, ya realizan de manera cotidiana las y los legisladores al fungir como vínculo entre la población y las autoridades, mediante la orientación y atención de demandas ciudadanas.
Los legisladores determinaron que el reconocimiento de la gestión social es jurídicamente viable; sin embargo, se consideró necesario delimitar sus alcances para evitar que pudiera interpretarse como una atribución administrativa o como una facultad para sustituir las decisiones de otras autoridades.
