La visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, el miércoles a las Naciones Unidas se vio empañada por el anuncio de una comisión de la Cámara de Representantes de su país que ha ordenado su suspensión provisional, una decisión pendiente de trámite en el Senado, a once días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Con motivo de la presidencia colombiana del Consejo de Seguridad, que ostenta este mes de junio, el mandatario viajó a Nueva York para liderar un debate sobre la búsqueda de soluciones para lograr la paz en Oriente Medio.

Sin embargo, entre las intervenciones de los Estados miembros, se conoció que la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia, Gloria Arizabaleta, había decidido suspenderle provisionalmente como presidente por su presunta participación en la campaña electoral.

Por mandato constitucional, Petro no puede optar a la reelección ni participar en los comicios, pero, de acuerdo con la acusación de Arizabaleta, miembro del Pacto Histórico, su partido, el mandatario habría apoyado al candidato izquierdista Iván Cepeda, también de su formación.

Una intervención centrada en la IA

Precisamente con la prohibición de ser reelegido arrancó su intervención en la ONU. Tras el diagnóstico del secretario general, António Guterres, sobre las diferentes crisis en Oriente Medio, Petro se reivindicó como el todavía presidente de Colombia y rechazó las teorías que apuntan a que no abandonará el cargo el próximo 06 de agosto.

«El día final de mi mandato saldré, no sé a dónde y a qué», declaró Petro ante el Consejo de Seguridad en la que dijo que sería su última intervención como mandatario. «Como ciudadano de la República de Colombia y no como presidente», añadió.

El mandatario colombiano centró gran parte de su intervención en alertar de los riesgos de la inteligencia artificial (IA) cuando está «en manos privadas y poderosas» y en las posturas antidemocráticas y antiinmigrantes que, a su juicio, fomenta.

Según dijo, este y el «consumo generalizado de hidrocarburos por codicia» pueden «acabar con la humanidad».

El mandatario se refirió a algunos de los conflictos en la región -sobre todo al de Gaza, que bautizó como «el origen cultural de la guerra en Oriente Medio»-, lamentó que se intenten resolver las guerras «con más misiles» y pidió que el compromiso contra las armas nucleares se aplique «a todos los países, no solo a algunos».

En esta línea, Petro defendió que «ningún pueblo debe ser bloqueado»: «Ni Catar ni Emiratos Árabes Unidos, ni Baréin, por la guerra en el Golfo. Ni Irán, ni Cuba, ni Venezuela. Nadie», aseveró en su réplica a la delegación estadounidense en clara alusión a las últimas actuaciones militares del Gobierno de Donald Trump.

Denuncia una maniobra de «extorsión al Gobierno»

En mitad de la sesión, Petro se ausentó para atender a los medios a las puertas del órgano de paz de la ONU y defenderse de las acusaciones.

El mandatario sostuvo que no ha hecho «intervenciones políticas», apuntó a una violación de la ley colombiana y denunció estar siendo víctima de una maniobra de «extorsión a su Gobierno».

Petro explicó que «el abogado» de Gloria Arizabaleta, la presidenta de la comisión que ordenó la suspensión, «es el abogado de Abelardo de la Espriella», el candidato ultraderechista a sucederle que venció en la primera ronda de los comicios.

Sin embargo, algunos medios señalaron que Hollman Ibáñez, como se llama el letrado, estuvo vinculado al despacho de abogados del candidato ultraderechista.

«Es un atentado de otro que sí quiere hacer un autoatentado, pero para ganar las elecciones», aseguró Petro al ser preguntado si consideraba que se trataba de una maniobra interna al compartir formación con la presidenta que ordenó su suspensión.

El mandatario alegó que la comisión no tiene las competencias para suspender a un presidente y apuntó a «un proceso en la Corte Suprema de Justicia» si se confirma que se han violado sus derechos.

De concretarse la medida, Petro sería el primer presidente de Colombia en ser suspendido del cargo, aunque la decisión final dependerá del Senado, único órgano que tiene la potestad para hacerlo.

Mientras, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reforzó su entrada en la campaña electoral colombiana y prometió este miércoles que el país contará «con el apoyo y la fuerza total» de Washington si el candidato ultraderechista se impone en la segunda vuelta.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda este miércoles la renovación del tratado de libre comercio T-MEC con sus vecinos Canadá y México, porque -según afirmó- su país «no necesita nada» de sus socios.

«No sé si voy a renovarlo porque, para ser sincero, a Estados Unidos le va mucho mejor», dijo Trump -en el Despacho Oval- durante la firma de una ley para financiar los servicios de inmigración en los próximos tres años.

Preguntado sobre la marcha de las negociaciones para extender el acuerdo, en medio de las tensiones avivadas por su guerra arancelaria, el jefe de Estado insistió en que, en lugar de déficits comerciales, deberían tener superávits con sus aliados comerciales.

«No necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no necesitamos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que tenemos nosotros, y tienen que tratarnos mejor (…) No necesitamos sus automóviles, no necesitamos su madera, no necesitamos su energía; no necesitamos nada de lo que ellos tienen», indicó el mandatario republicano.

El actual tratado trilateral entre las naciones norteamericanas sustituyó al TLCAN y entró en vigor en 2020, al establecer una revisión conjunta seis años después de su puesta en marcha.

Si los tres países acuerdan renovarlo antes del 01 de julio, el pacto se extendería automáticamente durante otros dieciséis años, algo que ya han pedido Canadá y México. En caso contrario, comenzaría un período de revisiones anuales durante una década antes de su posible expiración.

Trump advirtió este miércoles que la «razón principal» por la que aceptó el T-MEC fue porque el TLCAN, en vigor desde 1994 a 2020, «era el peor acuerdo comercial jamás firmado con diferencia» porque no incluía el «derecho a terminarlo». Incluso se quejó que tenía «errores tipográficos».

La Administración del republicano ya ha iniciado conversaciones formales con México para revisar el acuerdo trilateral y, aunque todavía no ha hecho lo mismo con Canadá, el ministro de comercio canadiense, Dominic LeBlanc, anunció -la semana pasada- que tuvo una reunión positiva con el representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer.

Washington ha dado señales -durante el último año y medio- de que no quiere una simple renovación automática del tratado y busca modificaciones importantes, especialmente en sectores como el automotriz y el acceso al mercado lácteo canadiense. 

Un inusual intento de suspender provisionalmente al presidente colombiano, Gustavo Petro, causó revuelo este miércoles en el país, a once días de la segunda vuelta de los comicios en los que será elegido su sucesor entre el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

La decisión, una medida cautelar sin piso jurídico, fue tomada por la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico, el mismo partido del presidente, porque supuestamente Petro participó en la actual campaña política para apoyar a Cepeda, a pesar de que legalmente no puede hacerlo.

«No he hecho intervención en política y lo he aclarado», aseveró Petro a las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, donde hoy presidió un debate sobre la búsqueda de soluciones para la paz en Oriente Medio.

El presidente aseguró que el intento de suspensión es por «tener un pensamiento diferente» y defendió que por el hecho de ser presidente no deja de tener «derechos fundamentales», en lo que se entiende como una alusión a su derecho a pronunciarse sobre las elecciones.

Argumentos de Arizabaleta

En el auto de Arizabaleta, que no fue debatido por ese organismo, la congresista argumentó que la inédita suspensión provisional del mandatario puede ordenarse «siempre y cuando se evidencien serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público posibilita la interferencia del autor de la falla en el trámite de la investigación».

Petro ha sido denunciado varias veces por presunta participación en política durante la campaña para las elecciones cuya segunda vuelta será el 21 de junio, y el 26 de mayo la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara le abrió una investigación.

Casi a diario, el presidente comenta lo que sucede en la campaña y responde a mensajes de sus adversarios políticos, como el abogado De la Espriella con quien suele enfrentarse en la red social X.

Sin embargo, según la Constitución, la Comisión de Investigación y Acusación, en caso de que su indagación encuentre mérito para sancionar al presidente, debe acusarlo ante el Senado, que es el que tiene la facultad de suspenderlo, por lo cual la medida de hoy carece de validez.

«Pretender que una sola representante pueda adoptar una medida de esa magnitud es un despropósito. No hay lugar para ello y sería una decisión contraria a la Constitución», afirmó el ministro del Interior, Armando Benedetti, a periodistas.

La medida cautelar que nunca se había tomado en Colombia y que trataba de acelerar el proceso de suspensión total del presidente, fracasó luego de que Arizabaleta revocara la decisión y radicara un nuevo auto que deberá ser votado por todos los miembros de la Comisión de Investigación y Acusación.

«La medida tiene serios problemas de validez constitucional. El artículo 194 de la Constitución es claro: la suspensión del presidente es una falta temporal que solo puede decretar la plenaria del Senado, previa admisión pública de la acusación», expresó el abogado y profesor de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, Sergio Morales.

Críticas de la oposición

El candidato De la Espriella calificó como un «autoatentado legislativo» la decisión de la presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

«Lo que acaba de ocurrir es un prevaricato monumental, un autoatentado legislativo diseñado a la medida para Gustavo Petro y para que, por supuesto, él pueda hacer campaña, salir tranquilo mientras se victimiza y le prende fuego al país», dijo De la Espriella.

El expresidente Iván Duque (2018-2022) manifestó que la orden de Arizabaleta de suspender a Petro sólo busca la «victimización» del jefe de Estado.

«Una congresista no puede suspender al presidente de la República. ¿Qué se busca? ¿Un mecanismo de victimización para que Petro intervenga de manera más vulgar en las elecciones? Muy curioso que todo esto salga de la propia coalición de gobierno», expresó Duque, quien agregó: «Los colombianos no nos vamos a dejar meter los dedos a la boca».

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, opositor a Petro afirmó: «No crean bobos a los colombianos» y calificó de «golpe a pocos días de las elecciones» el intento de la congresista de suspender al presidente.

El dirigente campesino Vicente Salazar, principal líder de los sindicatos del altiplano que desde inicios de mayo bloquean carreteras para exigir la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, fue detenido este miércoles tras una movilización de ese y otros sectores en La Paz.

Medios locales mostraron el momento en que Salazar fue llevado a una oficina policial cercana a la plaza Murillo, donde están las sedes del Gobierno y el Legislativo, tras participar en una marcha de la Federación Departamental de Campesinos ‘Tupac Katari’ de La Paz, la entidad liderada por Salazar.

En la movilización también participaron afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), incluidos nuevo grupos de manifestantes que llegaron esta semana desde la región andina de Potosí y desde el Trópico de Cochabamba, el bastión sindical y político del exgobernante en el centro del país.

Antes de iniciar la marcha desde la ciudad vecina de El Alto, Salazar dijo a los medios que al presidente «le quedan dos caminos» porque, según dijo, el «pueblo» lo decidió.

«Es la renuncia voluntaria o se va a ir con una convulsión», advirtió el dirigente, quien insistió en que Paz ganó las elecciones de 2025 con el voto de esos sectores y lo criticó por supuestamente marginarlos de las decisiones gubernamentales.

Contra Salazar y el máximo líder de la COB, el minero Mario Argollo, hay órdenes de captura por supuesto terrorismo e instigación pública a delinquir, entre otros delitos, a raíz de las protestas iniciadas a principios de mayo y que derivaron en enfrentamientos con la Policía, disturbios y el saqueo de oficinas públicas y privadas en La Paz.

Argollo se declaró «en la clandestinidad» hace varias semanas, aunque apareció hace unos días en un mitin en El Alto que ratificó la continuidad de las protestas y rechazó dialogar con las autoridades.

En la movilización de esta jornada, los manifestantes intentaron nuevamente forzar su ingreso a la plaza Murillo por distintos frentes empleando petardos, palos, piedras y cargas de dinamita, a lo que los policías antimotines respondieron lanzando gases lacrimógenos.

En la sexta semana del conflicto, se mantienen los bloqueos de carreteras en seis de los nueve departamentos de Bolivia, sobre todo en las regiones andina y central, donde hay desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustibles.

Los conflictos han dejado hasta el momento al menos diez fallecidos, incluidas siete personas que no pudieron recibir atención médica oportuna por los cortes de rutas, y pérdidas económicas por más de 2 mil 340 millones de dólares.

Paz firmó el lunes la ley de Regulación de Estados de Excepción para permitir la actuación de las Fuerzas Armadas en el control de las protestas, si bien la promulgación no implica la vigencia automática de esa medida porque hace falta un decreto que, además, debe ser validado por el Legislativo.

El martes fueron liberados seis dirigentes de la COB y dos de los campesinos, quienes fueron detenidos el fin de semana bajo supuestos cargos de terrorismo y asociación delictiva.

El presidente Donald Trump prometió este miércoles que Colombia contará «con el apoyo y la fuerza total» de Estados Unidos si el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella gana la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

Trump, que la semana pasada anunció su apoyo electoral a De la Espriella, subrayó en un mensaje en su red Truth Social que el candidato colombiano tiene su «respaldo total e incondicional» de cara a la segunda vuelta del 21 de junio.

«Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos, país que, si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos», escribió el republicano.

Trump felicitó a De la Espriella por su victoria en la primera ronda del pasado 31 de mayo y describió al ultraderechista, que se califica así mismo como ‘El Tigre’, como «un líder inteligente, fuerte y tenaz».

El inquilino de la Casa Blanca advirtió además que De la Espriella «se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta», en referencia al izquierdista Iván Cepeda, heredero político del presidente colombiano, Gustavo Petro.

«Como presidente, Abelardo tendrá un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!», dijo.

Mientras Trump entra de pleno en la campaña electoral colombiana, una comisión de la Cámara de Representantes del país suramericano ordenó este miércoles la suspensión temporal de Petro como presidente al considerar que ha participado indebidamente en la campaña, algo que el mandatario negó durante una intervención en la ONU, en Nueva York.

De la Espriella, que obtuvo el 44 por ciento de los votos en la primera vuelta, competirá en la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio, contra Cepeda, quien obtuvo el 41 por ciento de los sufragios.