El número de víctimas mortales por el derrumbe este jueves de un edificio residencial en Fez, en el centro de Marruecos, ha subido a nueve, además de varios heridos de diversa gravedad, según el nuevo balance provisional difundido por la Fiscalía marroquí que abrió una investigación sobre el incidente.

En un comunicado, el Fiscal General ante el Tribunal de Apelación de Salé ordenó la apertura de una «investigación judicial exhaustiva y precisa» para determinar todas las circunstancias de este incidente e identificar las posibles responsabilidades de personas implicadas.

«Fiscalía reafirma su total determinación de aplicar estrictamente la ley y actuar con toda firmeza contra cualquier persona cuya responsabilidad en este trágico incidente quede demostrada», se lee en la nota.

Por su parte, el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) manifestó su «gran preocupación» por este incidente, presentó sus condolencias a las familias de las víctimas, al tiempo que lamentó que la repetición de este tipo de tragedias constituye «una vulneración directa del derecho a una vivienda digna».

El CNDH exigió en un comunicado la adopción de una estrategia nacional integrada para prevenir estos accidentes, mejorar la coordinación entre las autoridades competentes y pidió a la población respetar las normas de construcción.

El incidente ocurrió en la madrugada de este jueves cuando un edificio residencial de cuatro plantas se desplomó en el barrio de Al Yarandi, en el distrito de Jnan el Ouarad.

Fez ha registrado en los últimos años varios derrumbes similares de edificios en barrios populares.

El pasado diciembre, 21 personas murieron tras el colapso de dos edificios residenciales en el barrio de Al Massira, un suceso que motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía que se saldó con varios detenidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reculó y anunció el pasado jueves el despliegue de 5 mil soldados en Polonia, una semana después de haber cancelado el envío de efectivos a ese país y en medio de sus críticas a los aliados europeos por su postura en la guerra contra Irán.

Trump explicó, en su red Truth Social, que tomó la decisión en honor al presidente polaco, el conservador Karol Nawrocki, quien asumió el cargo en agosto del año pasado y es considerado cercano al mandatario estadounidense.

«Basándome en la exitosa elección del actual presidente de Polonia, Karol Nawrocki, a quien tuve el honor de respaldar, y en nuestra relación con él, me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5 mil soldados adicionales a Polonia», dijo el líder republicano.

Trump hizo este anuncio tras la decisión de las últimas semanas de reducir los efectivos estadounidenses en bases europeas, en represalia por la negativa de los aliados de la OTAN a involucrarse militarmente en la guerra con Irán y en el desbloqueo del estrecho de Ormuz.

La semana pasada, el Pentágono confirmó que había cancelado el despliegue de una brigada blindada de más de 4 mil efectivos que se dirigía a Polonia, como parte de una reconfiguración de su presencia militar en Europa.

A principios de mayo, Trump aseguró que retiraba 5 mil soldados de Alemania, el país que más efectivos estadounidenses alberga, en un plazo de entre seis y doce meses, como respuesta a unas declaraciones del canciller alemán, Friedrich Merz, que cuestionaban la estrategia de Washington respecto a Irán.

Representantes de diversos sindicatos en Venezuela llamaron el jueves a una protesta nacional para el próximo 03 de junio, cuando se cumplen cinco meses del ataque militar de Estados Unidos en el que fue capturado Nicolás Maduro para reclamar que se convoque a unas elecciones libres en el país.

«Este 03 de junio vamos a estar en las calles, protestando a nivel nacional por elecciones libres, por la libertad de todos los presos políticos, vamos a estar protestando por el agua, por la falta de luz», indicó el secretario general del sindicato de la Cancillería, José Patines, al término de una asamblea de trabajadores celebrada en la Universidad Central de Venezuela (UCV), la principal del país.

El portavoz además convocó para ese día a un «cacerolazo» -una protesta popular en la que los manifestantes golpean ollas- a las 08:00 de la noche locales (00:00 GMT) que tendrá, según dijo, como mensaje para los hermanos Rodríguez, la mandataria encargada Delcy Rodríguez y el presidente del Parlamento Jorge Rodríguez: «no los queremos más».

«Y que a partir del 03 junio les quedan 30 días para que se acabe el interinato», añadió Patines en referencia a que el período de prórroga para el mandato encargado vence el 03 de julio.

De acuerdo al artículo 234 de la Constitución venezolana, las faltas temporales o absolutas del presidente serán suplidas por el vicepresidente ejecutivo hasta por 90 días, prorrogables por decisión del Parlamento por el mismo periodo de tiempo.

Los trabajadores también llamaron a otra protesta para el 09 de junio para continuar en la lucha por aumentos salariales y no de bonificaciones, como decretó recientemente el Gobierno.

«¡No tenemos miedo!», gritaron los sindicalistas, algunos de ellos expresos políticos.

Después de la captura de Maduro, en enero pasado, su entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, se juramentó como mandataria encargada por orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Al cumplirse los tres primeros meses en el cargo, ONG, juristas y partidos comenzaron a cuestionar el sustento legal de su mandato y la ausencia de una fecha para elecciones.

El partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, ha reclamado que el Parlamento evalúe «la existencia de una ausencia absoluta» de Maduro, lo que, sostiene, obligaría a convocar elecciones «en los siguientes 30 días a dicha declaratoria».

Sin embargo, el pasado 02 de marzo, el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, indicó que no era «perentorio» definir una fecha de elecciones, aunque señaló que las habrá.

Para entonces, aseguró que la prioridad era la recuperación económica del país.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció el jueves la suspensión de la venta de electricidad a la vecina Costa Rica, en medio de un diferendo comercial que se remonta a 2019 y que ha resurgido en las últimas semanas por unos renovados reclamos costarricenses.

«Por lo pronto, no hay venta de energía a Costa Rica. Así de sencillo», declaró Mulino, tras manifestarse «sorprendido» por el tono de los reclamos públicos de la nueva presidenta costarricense, Laura Fernández, sobre la controversia comercial bilateral, que se dirime en la Organización de Mundial de Comercio (OMC).

Panamá vende a Costa Rica energía a través del Mercado Eléctrico Regional (MER) de América Central y según datos brutos reportados por este ente en un informe anual las importaciones costarricenses de electricidad panameña alcanzaron los 687,4 GWh para el año 2024.

Costa Rica es el mayor exportador de energía en Centroamérica, con una participación del 49,8 por ciento del total negociado en el MER, seguido de Guatemala (29,9 por ciento) y Panamá (11 por ciento), según el informe operativo del MER.

La decisión de suspender la venta de energía, por un plazo no precisado por Mulino, se sustenta en el principio de «reciprocidad» diplomática, explicó el presidente, que resaltó que Costa Rica es un país vecino con el que Panamá «siempre» ha tenido «muy buena relación» pero «esa reciprocidad será ejercida en aquellas cosas que tengan que ver o tocar» a esta relación bilateral.

Fernández anunció el pasado 15 de mayo que impulsará «acciones internacionales» frente al «bloqueo comercial» que desde 2019 aplica Panamá a una serie de productos costarricenses.

La nueva presidenta costarricense argumentó, en declaraciones durante una gira agrícola, que el tema «ya superó las instancias de negociación de Comex (Ministerio de Comercio Exterior)» y que instruyó al canciller, Manuel Tovar «para que instale los mecanismos de diplomacia internacional y de acciones internacionales», sin más precisiones «Siempre he creído que la política exterior de los países se hace con discreción, moderación y respeto», expresó este jueves Mulino, y recalcó que este diferendo comercial «también es importante para Panamá».

Costa Rica y Panamá mantienen una disputa por las restricciones que impuso este último país en 2019 y 2020 a la importación de productos agropecuarios costarricenses como banano, plátano, carne de res, de pollo, de cerdo, fresas, lácteos y piña.

En 2024, un grupo arbitral de la OMC le dio la razón a Costa Rica en el litigio con Panamá, por lo que este último presentó una apelación en enero de 2025 que sigue sin resolverse.

El grupo especial de la OMC rechazó el principal argumento de Panamá de que las medidas restrictivas eran provisionales por la supuesta «insuficiencia de pruebas científicas» aportadas por Costa Rica en el caso de fresas, piñas, bananas y plátanos.

Panamá dijo que la prohibición de importar esos productos de 16 establecimientos costarricenses se debía a que estos no habían renovado sus autorizaciones sanitarias.

Mulino sostuvo que Panamá ha actuado en defensa de sus productores, «porque por más de 10 años un sinnúmero (…) de empresas panameñas que operaban y trabajaban en Costa Rica fueron bloqueadas y no entraron a ese país».

El presidente panameño anunció la suspensión de la venta de energía a Costa Rica un día después de Fernández anunció que no vendrá a Panamá en junio, cuando el país acogerá la conmemoración de los 200 años del Congreso Anfictiónico, un evento al que se han invitado a jefes de Estado, y el 56 período ordinario de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que reúne a cancilleres.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, tomó juramento el jueves a un nuevo ministro de Trabajo, en una jornada en que nuevamente se moviliza en La Paz la Central Obrera Boliviana (COB), que junto a sindicatos de campesinos del altiplano bloquean carreteras para pedir la renuncia del mandatario.

El abogado Williams Bascopé juró como nuevo ministro en la casa de Gobierno en La Paz, en reemplazo de Edgar Morales, quien horas antes confirmó a los medios su dimisión «para pacificar el país».

Paz agradeció a Morales «por su esfuerzo» e «intentos» para dialogar con algunos sectores movilizados y destacó que Bascopé tiene las mismas «convicciones».

«Ahora empieza una nueva etapa, con energías renovadas, siempre pensando en la patria», agregó.

También reiteró que se creará un Consejo Económico y Social donde converjan las «organizaciones vivas» y regionales «para debatir diferentes temas, entre ellos empleo».

El mandatario, que lleva seis meses en la Presidencia, sostuvo este jueves que «las organizaciones sociales siempre tendrán» un espacio para el diálogo con su Gobierno.

En la víspera, Paz anunció un «reordenamiento» en su gabinete de ministros para que sea «más ágil, más cercano» y tenga «una capacidad de escucha» de las demandas de distintos sectores, además de la creación del consejo para socializar las reformas que prevé realizar e incluir de esa forma en su Gobierno a «todos los sectores».

Este jueves, la COB realizó una marcha integrada por mineros y fabriles que partió desde el límite de la ciudad vecina de El Alto hacia el centro histórico de La Paz.

La manifestación llegó hasta las calles cercanas a la plaza Murillo, el centro del poder político boliviano, pero en esta oportunidad sin incidentes como ocurrió el lunes, cuando una movilización de la COB, campesinos y seguidores del expresidente Evo Morales (2006-2019) derivó en disturbios y saqueos en La Paz.

En declaraciones a los medios, el dirigente fabril Eduardo Ferrufino criticó las denuncias penales contra dirigentes como el máximo líder de la COB, Mario Argollo, y sostuvo que aunque los arresten, las manifestaciones continuarán.

Ferrufino también consideró que «no va a cambiar nada» con el nuevo ministro de Trabajo y, además, aseguró que las personas que bloquean carreteras están permitiendo el paso de «ayuda humanitaria».

Tras los disturbios del lunes, Argollo y otros dirigentes fueron denunciados por el Gobierno por delitos como instigación pública a delinquir y terrorismo, entre otros.

La Paz, la sede del Gobierno y el Legislativo, es el departamento donde se concentran las protestas y bloqueos de carreteras desde hace 16 días que exigen la renuncia de Paz, y que están ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos, como oxígeno medicinal.