IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO
El documento anual “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe” de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), prevé un importante aumento del desequilibrio en las cuentas externas de la región para 2025, con un déficit de la cuenta corriente que pasará del 1.2 por ciento del PIB en 2024 al 1.7 en 2025. Aunque la balanza comercial seguirá siendo superavitaria, se espera una ligera disminución debido al aumento de las importaciones y la presión de los precios internacionales.
La cuenta de renta se deteriorará, pero se compensará parcialmente con un leve aumento en las transferencias corrientes gracias a las remesas. A pesar del mayor déficit, se anticipa que los flujos financieros, especialmente la inversión extranjera directa, se mantendrán sólidos. El consumo privado será el principal motor del crecimiento, con una expansión del 2.6 por ciento en 2024 y un 2.5 en 2025, mientras que la inversión mostrará un crecimiento modesto del 1.3. La inflación regional disminuirá, aunque a un ritmo más lento, pasando del 3.7 en 2023 al 3.4 en 2024 y al 3.2 por ciento en 2025.
La creación de empleo se mantendrá baja, con un crecimiento del 1.7 por ciento en 2024 y 1.8 en 2025, y las brechas de género en el mercado laboral persistirán. Las políticas macroeconómicas tendrán un espacio limitado para estimular el crecimiento, enfrentando desafíos como la volatilidad de precios de materias primas, altas tasas de interés y una demanda externa débil.
En este contexto, se identifican riesgos fiscales que podrían afectar la sostenibilidad económica, incluyendo el manejo de la deuda pública y la capacidad de respuesta ante eventos extraordinarios. Las autoridades monetarias deberán equilibrar la estabilidad de precios con el dinamismo económico, utilizando herramientas de política monetaria y fiscal de manera prudente para mitigar riesgos.
Las políticas necesarias para superar la baja capacidad de crecimiento económico deben ir en aumentar la movilización de recursos financieros internos y fortalecer la capacidad productiva a mediano y largo plazo, enfocándose en la productividad, inversión en capital y generación de empleo de calidad.
El sector público debe desempeñar un rol activo en mejorar las finanzas públicas, incrementando los ingresos fiscales y la efectividad del gasto. Esto implica abordar la insuficiencia histórica de ingresos y la regresividad de los sistemas tributarios, así como combatir la evasión fiscal, que en 2023 alcanzó 433 mil millones de dólares. También se requiere mejorar la calidad y asignación del gasto público, priorizando inversiones en sectores clave para el desarrollo.
La coordinación entre políticas fiscales, monetarias y prudenciales es esencial para mitigar las fluctuaciones económicas y facilitar el financiamiento de transformaciones necesarias. Se sugiere el uso de herramientas monetarias no convencionales para estimular el crédito y la inversión, así como la inclusión financiera como eje para movilizar recursos hacia el desarrollo.
El fortalecimiento de la gobernanza y las capacidades de las instituciones macroeconómicas es esencial para aumentar la movilización de recursos en la región. Esto implica mejorar las capacidades técnicas para gestionar políticas públicas que faciliten el financiamiento, así como la gobernanza de la sostenibilidad fiscal. En términos operativos, se deben desarrollar sistemas de información que conecten el financiamiento con políticas clave y optimizar los procesos de presupuesto y adquisiciones públicas.
En el ámbito político, es crucial mejorar la coordinación entre políticas fiscales y monetarias y adoptar posturas comunes en foros internacionales, por último, es necesario desarrollar capacidades prospectivas para anticipar desafíos futuros y guiar decisiones estratégicas.
