Tulancingo de Bravo, Hgo.- El presidente municipal de Cuautepec de Hinojosa, Jorge Hernández Araus, señaló que la situación que se dio en Tulancingo, durante una detención por parte de elementos municipales de Cuautepec, ha sido aclarada y se procedió conforme a lo establecido en la ley, sin violentar los derechos de nadie.
Aseguró que dicha detención, la cual fue documentada en video que circuló en redes sociales, se da en el contexto de una persecución que inició en Cuautepec y que concluyó en Tulancingo, por lo cual, se solicitó apoyo de las corporaciones estatales y municipales.
Además, el alcalde señaló que el joven manejaba a exceso de velocidad y en estado de ebriedad; no obstante, obtuvo su libertad en cuanto pagó la fianza respectiva.
A través de una tarjeta informativa se detalló que el hecho se registró la noche del lunes 27 y primeras horas del martes 28 de abril del presente año, en los que participaron elementos de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Cuautepec de Hinojosa.
“Durante recorridos preventivos de vigilancia y disuasión del delito en territorio de Cuautepec de Hinojosa (colonia Tepantitla), policías municipales detectaron una unidad motora que circulaba de manera irregular, realizando maniobras en zigzag y poniendo en riesgo la integridad de terceros, motivo por el cual se le marcó el alto mediante códigos sonoros y luminosos, en estricto cumplimiento de sus funciones constitucionales de preservar el orden público y proteger a la población.
Lejos de atender la indicación legítima de la autoridad, el conductor emprendió la huida con dirección al municipio de Tulancingo de Bravo, por lo que se inició una persecución ininterrumpida desde Cuautepec.
Al ingresar a otra demarcación territorial, los elementos municipales actuaron bajo los principios de coordinación institucional y solicitaron de manera inmediata el apoyo regional de la Policía Estatal y de la Policía Municipal de Tulancingo, a fin de fortalecer la intervención y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.
Una vez interceptado el vehículo, la persona mostró una conducta agresiva, profirió insultos, se negó a proporcionar datos de identificación, opuso resistencia activa a la revisión preventiva, agredió físicamente a oficiales y continuó alterando el orden público, por lo que fue necesario contenerla conforme a los protocolos vigentes.
Es importante precisar que la actuación policial se encuentra plenamente sustentada en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que la seguridad pública es una función a cargo de los municipios, estados y federación, permitiendo la coordinación entre instituciones para prevenir delitos y preservar el orden público.
Asimismo, el artículo 16 constitucional reconoce la posibilidad de actos de molestia debidamente fundados y motivados cuando medie causa legal, como en el presente caso, derivado de una conducta irregular detectada en flagrancia administrativa y posteriormente delictiva.
De igual forma, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y los convenios de coordinación intermunicipal facultan la colaboración operativa entre corporaciones cuando una conducta ilícita trasciende límites territoriales, especialmente en casos de persecución inmediata.
En complemento, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza autoriza a los cuerpos de seguridad a emplear niveles racionales, necesarios y proporcionales de intervención cuando exista resistencia activa, agresión a los agentes o riesgo para terceros, privilegiando siempre medios de control menos lesivos antes del uso de instrumentos incapacitantes temporales.
En ese sentido, la utilización de técnicas de control corporal y de agente químico incapacitante se realizó únicamente ante la necesidad real e inmediata de neutralizar agresiones físicas, evitar mayores lesiones al personal actuante y restablecer el orden, observando los principios de legalidad, absoluta necesidad, proporcionalidad, prevención y rendición de cuentas.
Posteriormente, la persona fue puesta a disposición de la autoridad competente, se elaboró el Registro Nacional de Detenciones, certificación médica correspondiente y se aseguraron tanto el vehículo como los indicios relacionados con los hechos, respetando en todo momento el debido proceso y los derechos que le asisten”, concluye la tarjeta informativa.
