IGUALDAD SUSTANTIVA, EMPODERAMIENTO EFECTIVO
México conmemora el Día del Abogado, como una oportunidad para reflexionar sobre el estado actual que guarda la profesión jurídica en el país, sus avances, retos y las desigualdades que aún persisten, en particular, la perspectiva de género (PEG) ha emergido como un marco crucial para analizar la evolución de la abogacía mexicana, considerando las cifras que revelan tanto logros como obstáculos en la búsqueda de igualdad y justicia.
Según datos del INEGI y del Consejo de la Judicatura Federal, en los últimos años se ha registrado un incremento en la participación de mujeres en la profesión jurídica, de acuerdo con el Censo Nacional de Abogados 2022, aproximadamente el 45 por ciento de las personas abogadas en México son mujeres, un porcentaje que ha crecido significativamente en las últimas décadas, aunque aún no alcanza la paridad de género plena en todos los ámbitos del ejercicio profesional.
Sin embargo, las cifras también revelan persistentes desigualdades, debido a que las mujeres enfrentan obstáculos en su desarrollo profesional, incluyendo brechas salariales que, en algunos casos, alcanzan hasta un 30 por ciento menos que sus colegas masculinos. Además, su presencia en cargos directivos o en áreas especializadas del derecho sigue siendo minoritaria, especialmente en sectores de alta responsabilidad en la judicatura y la academia.
Desde una perspectiva de género, el ejercicio del derecho presenta una doble dimensión: por un lado, el avance en la incorporación de mujeres en la profesión; por otro, las estructuras tradicionales y los prejuicios que limitan su participación plena y equitativa. La violencia de género, el acoso laboral y la discriminación son fenómenos que, aunque reconocidos, aún necesitan abordajes efectivos y políticas institucionales que promuevan entornos laborales libres de violencia y desigualdad.
El jurista y académico Miguel Carbonell, en sus análisis 2026, enfatiza la necesidad de reconfigurar el ejercicio del derecho en México desde una perspectiva que priorice la igualdad sustantiva y el reconocimiento de la diversidad de género, en sus recientes escritos, señala que la abogacía debe dejar de ser un espacio dominado por estructuras patriarcales que reproducen desigualdades, y avanzar hacia una práctica jurídica que promueva la justicia social y la inclusión.
Por su parte, autoras como Marcela Lagarde y Elizabeth Jelin en sus aportes desde la perspectiva feminista y de los estudios de género, destacan que la profesión jurídica debe ser un espacio de transformación social, donde el conocimiento y la práctica del derecho sean instrumentos para erradicar las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres y otros grupos vulnerables.
Ambas coinciden en que la profesión jurídica no puede limitarse a ser un mero ejecutor de leyes, sino que debe servir como un espacio de resistencia y cambio social, desde la perspectiva feminista y de los estudios de género, el conocimiento y la práctica del derecho deben estar orientados a desmantelar las desigualdades arraigadas en las instituciones y en las prácticas sociales, promoviendo una sociedad más equitativa, inclusiva y respetuosa de los derechos humanos. Este enfoque implica una revisión crítica de las normativas, la formación de profesionales comprometidas con la justicia social y la implementación de políticas que aseguren la igualdad de oportunidades para todos los grupos vulnerables.
En el marco del Día del Abogado, es fundamental reconocer los avances logrados en la incorporación de mujeres en la abogacía mexicana, pero también asumir el compromiso de seguir generando cambios estructurales que garanticen condiciones de igualdad real. La crítica de estos estudios nos invita a repensar la profesión desde una perspectiva inclusiva y transformadora, que contribuya a una justicia más equitativa y representativa para toda la sociedad mexicana.
