La Cámara de Diputados de México aprobó el miércoles la reforma constitucional que pone tope a las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en empresas del Estado, organismos dependientes del presupuesto y la banca de desarrollo, entre otras instituciones públicas.
La propuesta reforma el artículo 127 de la Constitución para establecer que, en cualquier caso, las jubilaciones o pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, fideicomisos públicos y demás entes públicos «no podrán rebasar la mitad de la remuneración» de la persona titular del Ejecutivo federal, casi 70 mil pesos.
También ordena que contratos, disposiciones e instrumentos laborales no fijen condiciones superiores a ese límite.
