Honduras pone fin el lunes al estado de excepción que estuvo vigente desde diciembre de 2022, una medida que el Gobierno saliente de Xiomara Castro atribuye a la reducción de los homicidios pero que, seg n políticos, no logr frenar la extorsi n y deriv en reiteradas violaciones de los derechos humanos.
La suspensi n de garant as constitucionales expira un día antes de la toma de posesi n del nuevo Gobierno conservador de Nasry ‘Tito’ Asfura, quien ha asegurado que el pa s «no puede seguir bajo estados de excepción permanentes» y propone combatir la violencia mediante el fortalecimiento institucional y la creación de empleo.
Fracaso en la lucha contra la extorsi n
El diputado opositor Carlos Uma a calific la medida de «fracaso» y dijo a EFE que la restricción, que reg a en 226 de los 298 municipios del pa s, «no fue correcta» y dej «muchas violaciones de derechos humanos».
«El estado de excepción no fue nada agradable, fracas , (…) y no se logr el objetivo primordial, que era el control de la inseguridad», subray Uma a, diputado del tambi n conservador Partido Liberal, primera fuerza de la oposición, con 41 diputados en el Parlamento hondure o.
Desde el oficialismo, las autoridades de seguridad destacan que el estado de excepción fue una herramienta dentro de un paquete de medidas -que incluy el denominado Plan Solución contra el Crimen- y atribuyen a esas acciones una disminución de la tasa de homicidios de 43 por cada 100 mil habitantes en 2022, a 23 en 2025, un logro que tildan de «hist rico» en la lucha contra el crimen organizado y las pandillas.
ma a enfatiz que, pese a la reducción de los homicidios, otros delitos como la extorsi n -el principal motivo del estado de excepci n- «no disminuy , sino que aument «.
Bandas criminales, algunas aglutinadas en pandillas, formadas por j venes y adultos, imponen el llamado ‘impuesto de guerra’ a propietarios de todo tipo de negocios, alcanzando a los servicios de transporte urbano, interurbaño y de taxis.
Cuando las personas que son extorsionadas se resisten, por lo general son asesinadas en un pa s donde, seg n la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), cap tulo local de Transparencia Internacional (TI), más de 384 mil hogares son v ctimas de extorsi n, una actividad que le genera millones a las bandas criminales.
ma a advirti que el fin de la medida podría abrir la puerta a una oleada de demandas contra el Estado por parte de ciudadanos que aseguran haber sido v ctimas de violaciones a sus derechos humanos, un riesgo sobre el que ya hab an alertado organismos nacionales e internacionales.
Denuncias de control político
Por su parte, la exdiputada F tima Mena afirm que la medida extraordinaria fue utilizada por el Ejecutivo de Castro como «una herramienta de control político» para concentrar poder, más que como una respuesta a la criminalidad.
«Ha sido una muy mala pr ctica por parte del gobierno saliente, con muy pocos resultados efectivos», denunci Mena, quien se que las principales v ctimas de este tipo de medidas han sido los sectores más vulnerables de la población, especialmente j venes que habitan en zonas de pobreza y extrema pobreza, donde hist ricamente ha habido poca inversi n social del Estado, pero una fuerte intervención represiva.
La exdiputada indic que existen denuncias de desapariciones, torturas y otros abusos, sin que se haya establecido «un mecanismo claro» para garantizar justicia y reparación a las familias afectadas.
Tambi n record que el Parlamento hondure o derog a mediados de noviembre de 2025 el estado de excepción mediante una autoconvocatoria de más de 70 diputados que entonces eran oposición, una decisi n que fue desconocida por el Ejecutivo, en un hecho que, en su opini n, podría ser constitutivo de delito.
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