Ayer, 22 de los 30 diputados locales aprobaron por unanimidad el dictamen para reformar la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Hidalgo con el objetivo transversalizar en esta, la definición de uso de la fuerza y fuerza pública, con la finalidad de brindar seguridad y certeza jurídica a los gobernados a quienes les pueda ser aplicado el uso legítimo de la misma así como los principios a los que deben sujetarse los elementos de seguridad pública.
Al respecto, Marco Antonio Mendoza Bustamante, diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y uno de los promoventes del dictamen, explicó que las iniciativas buscan definir el uso de la fuerza pública y establecer protocolos de actuación policial para la atención de crisis psicológicas, intentos de suicidio y otras situaciones que pongan en riesgo la vida o integridad de las personas.
Por lo anterior, enfatizó que se debe privilegiar “la preservación de la vida, la intervención inmediata, el uso proporcional de la fuerza y la coordinación con las instituciones de salud, protección civil y servicios de emergencia”.
Destacó que el artículo 203 define al uso de la fuerza como: “la inhibición por medios mecánicos o biomecánicos, de forma momentánea o permanente, de una o más funciones corporales que lleva a cabo una persona autorizada por el estado sobre otra, siguiendo los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables”.
Además de establecer como su finalidad, el salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación, preservación o restablecimiento del orden público, seguridad y la paz social, además señaló que el uso de la fuerza y los principios aplicables, así como la capacitación y el adiestramiento que requiere su correcta utilización y la responsabilidad que acarrea su empleo ilícito, se sujetará a lo dispuesto en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza.
