En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el envío al Senado de la República de la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio. El objetivo de la propuesta es abordar este delito y la falta de castigo.
“La meta es eliminar el feminicidio en México. Es fundamental que esta Ley sea adoptada y que todas las entidades federativas ajusten su legislación, al ser una Ley General”, indicó la Presidenta durante la conferencia de prensa matutina.
La titular del Ejecutivo Federal destacó que, entre los puntos clave de la iniciativa, se establece la obligación del Ministerio Público de iniciar la investigación de cualquier muerte violenta de una mujer bajo la tipificación de feminicidio. Adicionalmente, se dispondrá de turnos continuados para asegurar la continuidad en la investigación y se implementarán mecanismos de prevención.
“Se propone la inclusión de un artículo constitucional que permita la existencia de una Ley General sobre feminicidio. Esto buscará que las Fiscalías del país cuenten con un marco legal que permita abordar la falta de castigo y el desarrollo de políticas de prevención”, explicó.
Ernestina Godoy Ramos, Fiscal General de la República, detalló que la respuesta a la violencia feminicida requiere una enmienda al artículo 73 de la Constitución, facultando al Congreso de la Unión para emitir la Ley y homologar este tipo penal. Se identificarán nueve motivos basados en género, incluyendo indicios de violencia sexual, antecedentes de agresiones, comisión del delito por estereotipos y la existencia de relaciones de poder. Se establece una pena de 40 a 70 años de cárcel; la tentativa se sancionará con una pena de prisión de entre la mitad y las dos terceras partes, además de multas.
La iniciativa incluye 21 circunstancias agravantes, como que la víctima sea menor de edad, adulta mayor o con discapacidad; que se encuentre en movilidad; que el delito se cometa frente a hijos o hijas, o que pertenezca a pueblos originarios o afrodescendientes.
Se busca estandarizar los protocolos de investigación a nivel nacional para asegurar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente como feminicidio y que la perspectiva de género sea obligatoria en cada fase del proceso. El delito se investigará y perseguirá de oficio, siendo la acción penal, la sanción y la reparación del daño imprescriptibles. Además, la persona responsable perderá derechos sucesorios, la patria potestad y la tutela, y será destituida e inhabilitada para el servicio público. Se exige continuidad procesal y la creación de unidades o Fiscalías especializadas.
Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, explicó que la Ley General integra todos los derechos para las víctimas y sus familias, como: acceso a la verdad y justicia; atención médica y psicológica de urgencia; asistencia jurídica gratuita; seguridad social para menores en orfandad; restitución digna del cuerpo; y servicios de traducción e interpretación. También se prohíbe la difusión de imágenes de las víctimas en plataformas digitales.
En cuanto a las estrategias de prevención y atención, se proporciona apoyo especializado a mujeres que sufren violencia a través de medidas de protección, acceso a refugios y la plataforma de asistencia del Gobierno de México con Centros LIBRE, abogadas de las mujeres, centros de justicia y la línea Mujeres al 079.
Para los familiares, se establecerá una Comisión Especial y un Programa Integral para implementar campañas de sensibilización, crear grupos de apoyo técnico e impulsar un registro nacional de feminicidios. Junto al DIF, se creará el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.
