El Gobierno de México presentó el miércoles la reforma constitucional en materia electoral que busca eliminar las listas plurinominales (representaciones proporcionales), reducir el costo de los comicios y el número de senadores, así como ampliar los mecanismos de democracia participativa, propuesta que será enviada al Congreso por la presidenta, Claudia Sheinbaum.
La propuesta mantiene 500 diputados federales, con 300 electos por mayoría relativa y 200 por representación proporcional, pero todos deberán competir por el voto.
También prevé 96 senadores electos sin listas plurinominales, frente a los 128 actuales.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la iniciativa “tiene como base diez puntos y cuatro ejes fundamentales para fortalecer la vida democrática de nuestro país”.
El primer eje, explicó, plantea cambios en la integración del Congreso para que todos los legisladores tengan respaldo ciudadano.
“Que quienes ocupen una posición cuenten con el respaldo de la ciudadanía que demanda poder elegir de manera directa a todos sus diputados y diputadas, incluidos los que llegan a una curul por representación proporcional”, señaló.
Por su parte, Sheinbaum remarcó que “se eliminan las listas de los partidos para representación proporcional plurinominal, así como están ahora. No queremos que sean las cúpulas de los partidos políticos, quienes se mantengan como diputados, como senadores, sin el voto popular”.
Añadió, asimismo, que el nuevo esquema mantendrá la pluralidad política, pues no se busca que haya un partido único, sino “que se reconozca la diversidad política de nuestro país”.
Según explicó, los candidatos por representación proporcional surgirán de quienes compitan en territorio.
Reducir el costo del sistema electoral
El segundo eje de la reforma busca reducir el costo del sistema electoral. Rodríguez indicó que se propone “un decremento del 25 por ciento en el costo total de las elecciones”, mediante recortes al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), tribunales electorales y partidos políticos.
El tercer eje contempla reforzar la fiscalización del financiamiento político.
Mientras que el cuarto, eje plantea ampliar la democracia directa mediante mecanismos como referéndum, plebiscito y consulta popular en estados y municipios.
