Miles de eslovacos protestaron el martes en varias ciudades contra la eliminación de la Oficina de Protección de Denunciantes de corrupción y la reforma del Código Penal que la oposición y la Comisión Europea consideran un retroceso democrático impulsado por el Gobierno de populistas y ultranacionalistas.
«Han destruido el Estado de derecho con una motosierra», denunció en Bratislava, donde tuvo lugar la protesta más concurrida, Michal Šimečka, líder del Eslovaquia Progresista, el principal partido de la oposición.
Šimečka denunció la abolición de la Oficina de Protección de los Denunciantes, una decisión criticada por la Comisión Europea como un retroceso democrático, como una medida que dificultará la lucha contra la corrupción.
Unas 5.000 personas participaron en la protesta en la capital, según estimaciones para medios eslovacos de la agencia de seguridad Safety Crew.
El líder opositor recordó que, el año pasado, el Gobierno ya impulsó la eliminación de la Fiscalía Especial anticorrupción, que perseguía a personas vinculadas al primer ministro, el populista Roberto Fico.
«Robert Fico y su Gobierno están llevando a Eslovaquia hacia una forma de gobierno mafiosa y ahora es el momento en que, como sociedad, debemos ejercer la máxima presión y dejar claro que no toleraremos el secuestro estatal», declaró Šimečka.
Además de su partido, las protestas están organizadas por los democristianos (KDH), liberales (SaS) y el extraparlamentario Demócratas.
Šimečka también criticó la reforma penal recién aprobada que tipifica el delito de intromisión en la campaña electoral de una «potencia extranjera» y que dificulta también que personas acusadas judicialmente puedan testificar para esclarecer delitos en otros casos.
El Gobierno logró el viernes pasado superar el veto presidencial contra la eliminación de la Oficina para la Protección de los Denunciantes, una medida que se tramitó en régimen abreviado en el Parlamento, argumentando que se había utilizado indebidamente en el pasado contra rivales políticos..
La Comisión Europea, al igual que expertos legales y ONG, insistió en que el organismo encargado de proteger a los denunciantes debe ser independiente y autónomo para poder dar garantías a quienes denuncian corrupción política.
