Los jubilados de Argentina vencieron el miedo a ser reprimidos por la policía y volvieron a salir a las calles para protestar contra las pensiones de pobreza y otras medidas del Gobierno de Javier Milei que perjudican a los adultos mayores.
«Nos corren, nos agreden, nos pegan. Nos han ‘gaseado’ más de una vez. Pero, ¿qué hacemos con el miedo? No podemos tener miedo», dijo Lidia Duarte, una jubilada de 72 años que desde hace una década participa de las movilizaciones que cada miércoles realizan los jubilados.
En los últimos meses, las marchas de los jubilados a las puertas del Parlamento argentino han sido en reiteradas ocasiones escenario de represión policial, con disparos de gas pimienta a los manifestantes, detenidos y heridos, algunos de gravedad.
Este miércoles, la tensión fue apenas algo menor pero se hizo igualmente presente: un despliegue de fuerzas policiales de una proporción mayor a la de los propios manifestantes, que fueron empujados a la plaza frente al Parlamento para impedir la interrupción del tránsito y así cumplir a rajatabla con el protocolo ‘antipiquetes’ impuesto por el Gobierno de Milei.
Pero ni los antecedentes de represión ni el despliegue de semejante operativo han amilanado a los jubilados, quienes desde las calles pelean por condiciones de vida dignas e invitan a otros sectores de la sociedad también afectados por el ajuste del Gobierno de Milei a sumarse a los reclamos.
«Respetar la dignidad»
Los jubilados reclaman por una actualización de las pensiones, pero también piden extender la moratoria que permitía jubilarse sin contar con todos los aportes a la seguridad social requeridos por la ley y que el Gobierno les restituya la gratuidad de los medicamentos.
Aunque Argentina arrastra desde hace años el problema de las bajas jubilaciones, la situación ha empeorado con el severo ajuste fiscal puesto en marcha a finales de 2023 por el Gobierno de Milei, un ajuste que en buena parte ha recaído sobre las pensiones.
«No llego a fin de mes. No llego a cubrir las cuatro comidas diarias ni la medicación. Por eso tenemos que estar aquí, porque nos tienen que ver y respetar los años que hemos trabajado, las canas, la dignidad», sostuvo Duarte.
En Argentina hay unos 7,4 millones de jubilados, lo que representa el 15,7 por ciento de la población total del país.
El 63,5 por ciento de los retirados cobra la jubilación mínima, que en este mes de mayo ha sido de 296 mil 481 pesos, un ingreso que llegó a los 366 mil 481 pesos por el bono de refuerzo que la seguridad social otorga desde septiembre de 2022 por la situación de emergencia económica que vive el país.
Este ingreso margina a los jubilados a la pobreza: una persona con vivienda propia necesita un ingreso no menor a 359 mil 243 pesos para no ser considerada pobre, según datos oficiales.
Pero, de acuerdo a cálculos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos, ese ingreso mínimo para no caer por debajo de la línea de la pobreza es de al menos un millón 200 mil 523 pesos en el caso de los adultos mayores, cuyos gastos en salud, entre otros, son superiores a los de otros grupos etarios.
«De siete millones de jubilados en Argentina, cinco millones cobran 350 mil pesos. Conclusión: no llegan ni al límite de la pobreza, están en la indigencia», dijo Eduardo Martínez, integrante del Plenario de Trabajadores Jubilados.
Martínez señaló que a esto se añade la quita de los medicamentos gratuitos y el fin de la moratoria, que implicará que «millones de personas van a quedar afuera de la jubilación».
«Estamos frente a un proceso que nosotros lo calificamos como una suerte de genocidio silencioso de todos los adultos mayores de este país», aseveró.
