La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica remiti este martes al Congreso una solicitud para el levantamiento del fuero del presidente del pa s Rodrigo Chaves, con el objetivo de que sea investigado por un presunto delito de concusi n en el manejo de fondos del Banco Centroamericaño de Integración Econ mica (BCIE).
La decisi n de la Corte Plena fue tomada con 15 votos a favor y 07 en contra, en una sesi n que se llev a cabo este martes de forma privada y en la que los magistrados analizaron la acusación presentada por la Fiscal a General de la Rep blica en contra del mandatario el 07 de abril pasado.
Tras analizar la acusación, la Corte Plena acordíavanzar con el proceso y trasladar el expediente al Congreso, para que decida, en un plazo no definido a n, si levanta o no el fuero del presidente con el fin de que sea investigado.
La acusación señala la responsabilidad del presidente en un delito de concusi n (delito contra los deberes de la funci blica) en la contratación aparentemente a la medida para la empresa RMC La Productora S.A., con el fin de que esta prestara servicios de comunicación, mercadeo, consultor a estrat gica, producción de mensajes y an lisis de tendencia de opini n para la Presidencia de la Rep blica de Costa Rica, correspondiente al peRíodo 2022-2026, con 405 mil d lares donados por el BCIE.
La acusación de la Fiscal a tambi n involucra al actual ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodr guez, quien para el momento de los hechos investigados se desempe aba como Jefe de Despacho del presidente Chaves, y Federico Cruz, quien fue asesor de campa a electoral y personal del presidente, y además se ha identificado como amigo del mandatario.
El caso
El caso se refiere a aparentes irregularidades en la contratación de la empresa de comunicación RMC La Productora, propiedad del comunicador Cristian Bulgarelli, quien habr a sido la persona que redact los requisitos de contratación del concurso que realiz el BCIE para la adjudicación por unos 405 mil d lares en 2022.
«Previo al proceso de contratación, los funcionarios mantuvieron contacto y varias reuniones en Casa Presidencial, donde instruyeron a Bulgarelli para que l mismo elabora los términos de referencia de su contrato», detalla la acusación de la Fiscal a General.
La tesis de la Fiscal a tambi n indica que Bulgarelli fue obligado e inducido a que le otorgara un «beneficio patrimonial indebido producto de la contratación con el BCIE» al imputado Federico Cruz Saravanja, a quien «se le benefici con 32 mil d lares».
A Cruz se le sigue una causa penal aparte al no tratarse de un funcionario de los supremos poderes.
La Fiscal a explic que otorg a Bulgarelli un criterio de oportunidad, mediante el cual se suspende la persecución penal en su contra y l «se compromete a colaborar eficazmente con el proceso penal, para esclarecer el hecho investigado y proporcionar informaci til para probar la participación de los imputados».
«En caso de que la colaboración de Bulgarelli no llegue a ser eficiente para los intereses del Ministerio P blico, se continuar con la persecución penal en su contra», afirm la Fiscal a.
En junio de 2024 el BCIE inform que sancion con un veto de siete a os a Bulgarelli y la empresa por «la comisi n de las pr cticas prohibidas de fraude y colusi n», pues «el proveedor acept blicamente haber elaborado los términos de referencia del proceso en coordinación y acuerdo con ex funcionaria del Ministerio de Comunicación de la Rep blica de Costa Rica».
El caso sali a la luz p blica en diciembre de 2023 cuando el diario La nación realiz una serie de publicaciones basadas en audios que le facilit la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, quien ejerci ese cargo por cuatro meses desde el inicio del Gobierno del presidente Chaves, en mayo de 2022.
La exministra Navarro dijo que grab los audios para documentar «hechos que podrían ir contra la ley o la tica» y que los suministr a ese diario para «hacer lo correcto».
Seg n el Gobierno, fue la exministra Navarro la responsable de la contratación.
El Gobierno present una denuncia penal contra Navarro y tambi n contra el diario La nación por la divulgación de los audios, pues los considera ilegales.
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