na jueza de Ecuador acept la noche de este viernes que la desaparición de cuatro niños, detenidos el 8 de diciembre por militares en el sur de la ciudad costera de Guayaquil, sea investigada como «forzada» y con «responsabilidad del Estado».
La jueza Tanya Loor acept el recurso de h beas corpus interpuesto por las familias de los menores y afirm que durante la audiencia de este mi rcoles se han presentado elementos que hacen presumir que los 16 militares que actuaron en la detención de los niños «no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos».
LooRíorden la activación de protocolos de b squeda de los menores en todo el pa s y la creación de una comisi n multidisciplinaria que investigue los hechos independientemente del proceso judicial.
Además, orden que la Defensor a del Pueblo capacite a los soldados sobre protección de derechos humanos, especialmente enfocada en niños, ni as y adolescentes en situaciones de emergencia, «con el objeto de que las Fuerzas Armadasínunca más cometan una situación como la que se ha señalado en este caso».
Esta decisi n se une a la que hab a tomado horas antes la Fiscal a de formular cargos contra 16 militares por el delito de desaparición forzada, por su presunta participación en los hechos.
La desaparición de Ismael y Josu Arroyo, de 15 y 14 a os, y sus amigos Sa l Arboleda (15) y Steven Medina (11) ocurri la noche del pasado 8 de diciembre, despu s de una pr ctica de f tbol en el barrio Las Malvinas, en el sur de Guayaquil.
En videos, que circulan en redes sociales, se observa a hombres vestidos de militares detienen a los menores cerca de un centro comercial y los embarcan en una camioneta de uso castrense, donde los golpean y tienden en el piso.
Los uniformados, seg n las primeras versiones, trasladan a los niños hacia la zona de Taura, a unos 30 kil metros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza A rea Ecuatoriaña (FAE) y donde se pierde totalmente el rastro de los menores.
En la audiencia judicial de este mi rcoles participaron los abogados del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, quienes pidieron a la jueza Loor que no d paso al h beas corpus, debido a que los niños no se encuentran en manos del Estado y que su desaparición, seg n ellos, «no se dio en un contexto de custodia estatal ni de las Fuerzas Armadas».
«Ellos fueron trasladados hasta las inmediaciones de la base de Taura, (pero) no existen indicios con los se pueda determinar que los niños fueron ingresados a una unidad militar», dijo el capit n Leonardo Alvear, abogado del Ministerio de Defensa.
«Los niños fueron liberados por parte del personal militar», agreg .
Además, señalaron que la aprehensi n de los menores se dio porque la patrulla militar fue alertada de que, «aparentemente, hab an cometido alg n tipo de acto contrario a la ley».
Sin embargo, el fiscal Christian F rez se que en el proceso judicial que l investiga no existe ning n elemento que indique alg n «acto il cito que hayan cometido los niños».
«No existe un parte policial que justifique, no existe un testigo ni una versi n de nadie que el día de los hechos haya realizado ning n acto presuntamente il cito. Es importante limpiar el nombre y evitar que en la carga medi tica se pretenda desviar la atención present ndolos como presuntos delincuentes», agreg rez.
Se que los militares debieron haber avisado al sistema Ecu 911 del hecho y haber puesto a los niños en manos de la unidad especial de la Polic a. Ese «procedimiento es obligatorio», mencion .
En la diligencia tambi n participaron una decena de abogados y de organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes dieron sus puntos de vista sobre c mo deber a tratarse este caso.
Por la ma ana, el Comit contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas ya hab a pedido al Estado ecuatoriaño que establezca «de forma urgente» una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la b squeda inmediata de los menores.
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