EN DOS DENUNCIAS POR PECULADO
• Le concedieron a la parte acusadora y a la defensa, dos y tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria
Durante las dos audiencias que se dieron la tarde y noche de ayer los jueces penales de control Ciro Juárez González y Víctor Manuel Portela Ortíz, consideraron que no existe causa excluyente en el delito que se imputa y dictaron la vinculación a proceso de Pablo Pérez Martínez por el delito de peculado en agravio de la administración pública.
Inicialmente ambas audiencias fueron aplazadas, dado que el abogado defensor de Pablo Pérez no se presentó a ellas, por lo que se le comunicó al imputado que se le asignaría un defensor de oficio para realizar las audiencias que fueron programadas para las 17:00 y 19:00 horas, pero finalmente a ambas sesiones llegó el defensor particular, quien argumentó a los jueces que no acudió a las audiencias por motivos de salud.
Así mismo durante ambas audiencias se dejó en claro que el desvió de recursos consistente en el pago de ISR al SAT, entre otras omisiones más dejaron de cubrirse durante los meses de febrero a noviembre de 2014, temporalidad en la que Pablo Pérez Martínez estuvo al frente de la subsecretaría de Finanzas de la SEPH.
En el primer caso que se denuncia el desvío de recursos por más de 100 millones de pesos según la causa penal 355/2016, el juez otorgó dos meses de plazo para la investigación complementaria, fijando el cierre para la presentación de pruebas tanto de la parte acusadora como de la defensora para el 9 de enero de 2019.
En lo que respecta a la segunda denuncia que incluye el desvió de recursos por más de 435 millones, 277 mil, 803 pesos que generaron un crédito por 491 millones, 333 mil, 311 pesos para cubrir el faltante que fue desviado, el juez fijó tres meses de plazo para investigación complementaria, que tendrá vencimiento el próximo 11 de febrero de 2019.
En ambos casos los jueces dejaron en claro que la vinculación a proceso es apelable, pero también refirieron que ambas partes tienen opción a solicitar el aplazamiento hasta por seis meses para la presentación de pruebas y el cierre de la investigación procesal.