A través de un comunicado la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) urgió a la oposición de México para que, en términos de lo establecido en la ley, presente una controversia constitucional en contra de la aprobación del dictamen que modifica cuatro leyes para que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Lo anterior bajo el argumento de lo establecido en el artículo 21 de la Carta Magna: “Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”, por lo que el organismo empresarial consideró que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución.
“Por esto, urgimos a que se presente la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que acompañaremos como sector, pues estamos convencidos que la aprobación de este tipo de reformas refleja que en México no hay Estado de Derecho y eso afecta la confianza y las inversiones”.
De igual forma, mencionaron que, se apruebe o no la iniciativa de mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, es necesaria una estrategia “eficaz” para el fortalecimiento de las policías con mandos civiles en los tres órdenes de gobierno que permita al Ejército regresar a los cuarteles.
“La estrategia actual no ha dado resultados, vemos con preocupación que se han acumulado más de 130 mil homicidios en solo 46 meses del actual sexenio. Por ello consideramos que debe replantearse la permanencia de las fuerzas armadas en las calles, y más aún que continúen realizando tareas que no son propias de sus funciones como es el caso de: construir aeropuertos, trenes, sucursales bancarias, hacerse cargo de aduanas o de puertos, o entregar programas sociales”, aseguraron.
Finalmente y frente a la discusión en el Congreso Federal de estos temas que consideraron “trascendentales”, exhortaron a los legisladores a no someterse a presiones de ningún tipo ni a intereses de partido. Debe prevalecer, por encima de todo, el interés de México, de las familias y el respeto absoluto a nuestra Constitución”.