El pasado 8 de octubre, se llevó a cabo el foro Diálogos sobre Seguridad y Desarrollo Policial
No puede exagerarse la emergencia que vivimos en materia de inseguridad: alrededor de 3 mil asesinatos al mes, al menos 33 mil desaparecidos (registrados oficialmente), secuestros y extorsiones que no podemos cuantificar porque en su mayoría no se denuncian. Violencia más impunidad en estos niveles dejan de ser un problema exclusivo de seguridad y se convierten en una afrenta a nuestra democracia y gobernabilidad.
Así las cosas, no hay idea o propuesta que no merezca ser escuchada y valorada. Fue precisamente en ese ánimo que, el pasado 8 de octubre, se llevó a cabo el foro Diálogos sobre Seguridad y Desarrollo Policial, en el cual académicos, integrantes de la sociedad civil y ex funcionarios públicos, todos especialistas en temas de seguridad, discutieron acerca de distintos aspectos relacionados con esta crisis de inseguridad. El objetivo fue ofrecer al gobierno entrante visiones, opiniones y propuestas.
Algunas de las preocupaciones centrales, expresadas en medios, en redes sociales y también en el foro, se refieren a los riesgos de mantener a las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública. Sabemos que no pueden retirarse de estas labores súbitamente, pero llama la atención que se anuncia el aumento de la fuerza militar, sin que se diga nada sobre una reforma policial que permita vislumbrar al menos un horizonte para que se concrete dicho repliegue, una reforma que incluya sueldos, prestaciones y jornadas laborales; equipamiento e infraestructura; profesionalización, desde luego.
En este mismo sentido, hay coincidencias muy amplias en que se debe buscar el desarrollo de nuestras procuradurías y de nuestros sistemas judicial y penitenciario. Sin duda, todo este enorme trabajo de reconstrucción institucional debe ir acompañado de múltiples acciones focalizadas en materia de prevención.
Todo lo anterior implica una reforma del Sistema Nacional de Seguridad Pública porque, hoy, el Consejo Nacional es una instancia protocolaria que firma al vapor acuerdos absurdos, muchos de los cuales no repercuten en nuestros pendientes institucionales y muchos de los cuales, la mayoría, de cualquier manera no se cumplen. En dicha reforma tendría también que reformularse el papel que debe jugar el Secretariado Ejecutivo, como instancia que debería evitar que sigamos dilapidando el dinero en estructuras de seguridad completamente disfuncionales.
Otros dos puntos que reúnen consenso es efectivamente transparentar el uso de los recursos existentes, e integrar mecanismos de supervisión externa desde la sociedad civil y las comunidades.
Como resulta evidente, se trata de una agenda muy compleja. Incluso con un buen proyecto, nos tomaría muchísimos recursos y años ver resultados. Por ello preocupa sobremanera que un día sí y el otro también, escuchemos mensajes ambiguos o contradictorios sobre seguridad. Hoy, no sabemos qué papel jugarán las Fuerzas Armadas; no sabemos si se pretende distinguir entre seguridad nacional, seguridad interior y seguridad pública; no sabemos si se atenderá la crisis que ya existe al interior de la Policía Federal; no sabemos si se pondrá en marcha un proyecto de reconstrucción de policías locales; no sabemos si se construirán nuevas fiscalías; no sabemos si se mantendrán los actuales niveles de gasto en seguridad e impartición de justicia o se incrementarán. De hecho, no sabemos nada, y la duda es si el próximo gobierno tampoco sabe, o no nos lo ha podido explicar.
Queda la esperanza de que se den cuenta de que la tarea es enorme, de que las frases sueltas para salir al paso no funcionan, de que sí hace falta imaginar un proyecto, desglosarlo en sus componentes legales, institucionales y presupuestales, y buscar a la gente idónea para concretarlo. Hace falta un poco de orden, en buen plan…
Colaboró Marlene Herbig, investigadora de Causa en Común
Twitter: @MaElenaMorera
