Estos datos los proporcionó el secretario de Seguridad Ciudadana, Manuel Martínez Dorantes, quien reconoció que prácticamente todas las situaciones terminan en un arreglo entre las partes; ya que los actuales procesos legales así lo permiten.

“En caso de injurias, agresiones físicas o verbales a oficiales policiacos, estos se pueden solucionar con un arreglo entre las partes involucradas, sin la necesidad de llegar a la judicialización”.

Describió que dichas agresiones se suscitan con mayor frecuencia en el área de Tránsito y Vialidad, ya que es donde se tiene un contacto más cercano y constante con la población.

Reconoció que situaciones graves, donde incluso puedan significar riesgo para la integridad física de los uniformados, se suscitan en promedio una vez una al mes. En la mayoría de estos casos, el agresor asegura ser “influyente”, antes de pasar a las agresiones físicas.

“Sí han existido situaciones donde el agresor ha golpeado al oficial, o le ha echado el coche encima, lo que implica riesgos para la integridad de los cuerpos de seguridad”.

Agregó que cuando una persona insulta al oficial de tránsito al momento de levantarle una infracción, se anota en la boleta el tipo de agresión, para que en su momento sea calificada antes de ser pagada.

Es en el caso de los oficiales de Seguridad Pública donde la situación es más delicada, pues los oficiales reciben agresiones por parte de personas que pueden estar bajo los efectos de alguna sustancia, o alcoholizadas, en su momento se valora la agresión, para establecer la sanción correspondiente.

Reconoció que durante la actual administración municipal no han existido casos de judicialización por agresiones, ante las posibilidades que ofrecen los procesos legales de poder establecer convenios entre las partes involucradas. Conminó a la población a que haga consciencia respecto a las dificultades del trabajo que realizan los uniformados, “respeten su proceder, que es en bien de la población”.