No ven otra manera de detener el tsunami de corrupción que asola estos días Colombia que una Constituyente que reforme la “pestilente justicia”. El calificativo, de Francisco Santos, jefe de debate del opositor Centro Democrático, se refiere a la última gota de un vaso que está rebosando inmundicia.

Si hace unas semanas detuvieron al fiscal anticorrupción por cobrar una mordida para amañar un caso, ahora son tres ex presidentes de la Corte Suprema los salpicados. No pueden apresarlos por el fuero que les protege y a dos de ellos será la Comisión de Acusaciones del Congreso, más conocida popularmente como Comisión de Absoluciones, la responsable de investigarles.

Francisco Ricaurte, Leónidas Bustos y Camilo Tarquino tendrán que responder por “arreglar”, supuestamente, algunos procesos. La investigación no partió de las autoridades de Colombia sino de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. Mientras escrutaban los movimientos del ex gobernador colombiano del departamento de Córdoba, Alejandro Lyons, para sobornar al Fiscal Anticorrupción, Gustavo Moreno, saltaron a la palestra los nombres de los citados personajes.