Abrupta caída de su imagen
    •    Una investigación parlamentaria acusa a Luis Guillermo Solís de tráfico de influencias


El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís Rivera, enfrenta en el último tramo de su mandato una abrupta caída de su imagen por un escándalo de corrupción que detonó en el último semestre de este año y que compromete a autoridades de los tres poderes de la República.
Una comisión de la Asamblea Legislativa que investigó el caso Cementazo y que rindió su informe esta semana —en coincidencia con el avance de la campaña para febrero del 2018— le atribuye una supuesta “falta al deber de probidad”.
Solís, que ha gobernado con altibajos tras llegar al poder en 2014 con altísimas expectativas populares, influyó en favor del negocio del importador de cemento Juan Carlos Bolaños (preso desde noviembre mientras se le investiga), concluyó un informe unánime y no vinculante de la comisión integrada por diputados de oposición y oficialistas que por cinco meses investigaron el caso.
Por ello el mandatario, continúa el texto, debe ser procesado en la Procuraduría de la Ética. La investigación ha desvelado un tráfico de influencias que implica a funcionarios del Ejecutivo, del Legislativo y de la Corte Suprema de Justicia, además del estatal Banco de Costa Rica (BCR), que prestó a Bolaños más de 40 millones de dólares en condiciones cuestionables.
Se trata de una red de influencias políticas alrededor de un aparente negocio de importación de cemento que pretendía romper el control de la transnacional suiza Holcim y la mexicana Cemex, con el apoyo del Gobierno de Solís y de congresistas de distintos partidos.