Todos saben que los dados están cargados.
Todos tiran con los dedos cruzados.
Leonard Cohen
Hace 12 años hubo una gran marcha en contra de la delincuencia. Los medios de entonces reportaron la participación de entre 250 y 300 mil personas que, vestidas de blanco, recorrieron las calles de la Ciudad de México. Protestaban contra los delincuentes pero también contra la falta de acciones del gobierno para atender la inseguridad. Una niña cargaba un letrero con la foto de un hombre joven que decía: “Este es mi papá Juan. Está desaparecido desde 1999”. “Mi hermano David fue asesinado de un disparo en la cabeza para quitarle el reloj y la cartera” decía otra pancarta.
En respuesta a esa marcha el presidente (entonces Vicente Fox), anunció un plan de 10 puntos para acabar con la inseguridad. Desde entonces han seguido otras marchas de protesta contra el sistema de justicia y nuevos —o viejos— planes gubernamentales de acción. Las pancartas, testimonio de muertos y desaparecidos, se han multiplicado y nos encontramos inmersos en una de las peores crisis de inseguridad, con autoridades e instituciones que infunden desconfianza, o de plano miedo. Reforma tras reforma la justicia cambia pero sigue sin funcionar. ¿Por qué?
Las razones, sin duda, son muchas, pero una parece ser la falta de compromiso con el cambio. Queremos órganos de justicia autónomos y transparente, pero a la vez, seguir haciendo las cosas igual. Creamos instituciones nuevas pero migramos las viejas prácticas a estos espacios. El nombramiento de Raúl Cervantes —prominente priísta y hasta hace poco senador— para convertirse en Fiscal General parece una expresión más de esta falta de compromiso con un cambio real.
La Fiscalía, que aún no existe, se ideó para reemplazar a la desprestigiada PGR, conocida por su ineficacia y por la manipulación política de la investigación y persecución de casos claves. Se estableció, sin embargo, que al aprobarse su ley orgánica, el procurador se convertirá, de inmediato, en Fiscal General por 9 años. Muchos nos hemos pronunciado en contra del nombramiento del actual procurador como Fiscal General, pues su militancia partidista y cercanía a Peña Nieto hieren de muerte las posibilidades de una Fiscalía autónoma e independiente. Pero el tema va más allá de los evidentes conflictos de interés. Es sobre cómo se llevan a cabo los procesos.
Pudiera ser, como creen algunos, que Cervantes deje a un lado sus compromisos partidistas, personales y económicos para convertirse en un Fiscal independiente —todo es posible, allí está Trump para probarlo—. Pero la simple existencia de una duda fundada y la importancia del nombramiento hacen necesaria una discusión pública y abierta que permita ventilar y dar respuesta a las preocupaciones. Alguna razón se tiene que dar sobre porqué se considera mejor candidato para el cargo que los muchos otros(as) que podrían ocuparlo. Pero nada de eso ha ocurrido. Uno de los nombramientos relevantes para la transformación de la justicia del país consistió en una comparecencia apresurada, muchas felicitaciones y aplausos.
La transformación de la justicia requiere reformas legales, pero estas, como las anteriores, quedarán en el papel si no van acompañadas de nuevas prácticas. Muchos estudios muestran que la legitimidad de las instituciones se construyen a través de los procesos. Cuando estos son obscuros y no se hacen públicos los razonamientos, deslegitiman y generan desconfianza. Eso incluye los procesos de designación de funcionarios (especialmente a los que las encabezan). El nombramiento del primer Fiscal General y no sólo la persona, debe dar a esa institución el prestigio del que la justicia hoy carece. Usar de inicio procesos añejos, implica cambiar todo para que quede igual.
@cataperezcorrea
