Ni la Segob, ni el Estado de México, ni la SCT, ni la Conagua tienen facultad para establecer convenios de ninguna especie para ocupar esta Zona Federal que puede salvar a millones de personas de graves inundaciones
La Segob se está convirtiendo en depredadora de los bienes de la nación. Ahora nos enteramos que, sin motivo ni justificación alguna, la esta instancia promueve un convenio para “donar” 200 hectáreas de la Zona Federal del Lago de Texcoco (ZFLT) al municipio de Chimalhuacán, para la construcción de un parque industrial.
Los terrenos están en una zona que se conoce como los Tlateles, localizada al sur del Lago Nabor Carrillo y que forma parte de la Zona Federal del Lago de Texcoco.
Desde el 28 de marzo de 1936 existe un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial, el cual “declara nula, cualquier titulación hecha sobre los terrenos nacionales provenientes de la desecación del Lago de Texcoco”.
En 1971, también mediante decreto presidencial, se promulgó el Plan Lago de Texcoco y la declaratoria de la ZFLT. En dicho decreto se delimitó la ZFLT con cerda de 14 mil hectáreas (ha), incluidos los terrenos de los Tlateles. Lamentablemente, pese a los decretos de 1936 y de 1971, las invasiones continuaron hasta que el 8 de noviembre de 1982 se emitiera un nuevo decreto del Ejecutivo federal para que la ZFLT quedara con 12 mil ha.
Cuando el presidente Peña Nieto dio a conocer el proyecto del NAICM con los planos arquitectónicos de la terminal y las pistas, se presentó también el correspondiente a la construcción de una serie de lagunas de regulación que, además de proteger las instalaciones del Aeropuerto, garantizarán la seguridad de miles de familias del oriente de la Ciudad.
El proyecto hidráulico consta de cuatro lagunas: Peñón-Texcoco, San Bernardino, Chimalhuacán I y Chimalhuacán II, con una capacidad total de regulación de 40 millones de metros cúbicos de agua. Este volumen compensa el espacio natural de regulación del vaso del lago que será ocupado por el proyecto del NAICM.
No obstante, las 200 hectáreas que se pretenden “donar” a Chimalhuacán están justo en los terrenos donde se proyectan estas lagunas de regulación. Entonces, ¿se van a construir las lagunas? ¿El proyecto del NAICM que presentó el presidente Peña se llevará a cabo? ¿Se dejará sin protección contra inundaciones a toda la zona oriente del Valle de México?
La noticia de esta “donación” se dio con el argumento de que el proyecto sería para beneficio de la economía del municipio, cuando en realidad se trata de una maniobra del gobierno del Estado de México, con la Segob y líderes de Antorcha Campesina. Esto quedó demostrado cuando el mismo día del anuncio se llevó a cabo la invasión por parte de un contingente de Antorcha Campesina a los terrenos supuestamente donados.
Es evidente que la operación anunciada no se trata de una donación ni al municipio ni a Antorcha Campesina, sino de un negocio muy jugoso. ¿En qué país del mundo le obsequian a alguien 200 hectáreas para construir un parque industrial que luego van a vender a precios estratosféricos? Se trata de 2 millones de metros cuadrados, que a precios de Indaabin representaría una cifra superior a 400 millones de pesos, pero que si tomamos en cuenta el valor comercial de terrenos aledaños a un gran proyecto como el NAICM, entonces ese precio podría ser de miles de millones de pesos.
Ahora resulta que ni parque ecológico, ni lagunas de regulación, ni zona de protección. El gobierno, violando toda la normatividad, pretende “obsequiarlo” a estos líderes corruptos que obligan a sus socios a encuerarse en la vía pública.
Hacemos un llamado al Presidente para que frene esta “donación”. ¿Dónde queda el discurso del Sistema Anticorrupción? Hacemos un llamado al Senado de la República para que atienda esta grave situación e instale inmediatamente la Comisión Especial de Seguimiento al Proyecto del NAICM, ordenada por el Pleno del Senado hace más de un año.
Ni la Segob, ni el Estado de México, ni la SCT, ni la Conagua tienen facultad para establecer convenios de ninguna especie para ocupar esta Zona Federal que puede salvar a millones de personas de graves inundaciones. Sólo mediante decreto presidencial de desincorporación, con una justificación lo suficientemente sólida, podría eliminarse la condición de Zona Federal; mientras tanto, la única obligación de todas las dependencias federales es vigilarla y protegerla.
Twitter: @JL_Luege
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