El pasado 1 de octubre Tamaulipas renovó su gobierno constitucional, con lo que por primera vez en su historia los tamaulipecos contará con un gobierno emanado de la oposición que aspira “a cambiar las costumbres que mantuvieron al estado en un estancamiento general”. Traigo a colación el tema, porque para nadie es desconocida la ola de terror y violencia criminal que azota a la entidad desde hace décadas y los efectos perniciosos que ha provocado en su desarrollo económico, político y social.
Basta señalar que apenas en julio pasado Tamaulipas encabezaba la lista de los diez estados con mayores problemas de inseguridad dentro de la República Mexicana, reportando una caída en las nuevas inversiones empresariales, de acuerdo con el informe elaborado por la Cámara Americana del Comercio.
También, Tamaulipas integra la lista de los estados con mayor tasa de homicidios dolosos, desplazamiento forzado de y un permanente estado de inseguridad derivado de las extorsiones, secuestros, incendios, bloqueos, balaceras, heridos y muertos que han dejado las confrontaciones entre los cárteles de las drogas.
Por ello, se justifican los llamados emitidos por el gobernador García Cabeza de Vaca, quien durante la ceremonia de investidura refrendó su voluntad de impulsar medidas de seguridad para combatir al crimen organizado y detonar una política de desarrollo sustentable, que incluyen la colaboración de los tres ordenes de gobierno, de sus homólogos de los estados circunvecinos, para el fortalecimiento de sus fronteras, y la participación de todos los tamaulipecos.
También, resulta oportuno reconocer los esfuerzos que diversos grupos de ciudadanos han realizado desde 2015 para impulsar acciones que contribuyan a abatir el flagelo del delito y la violencia criminal en la entidad. Dichos esfuerzos han cristalizado en la formación de las Mesas de Seguridad y Justicia (MSJ) en los municipios de Reynosa, Nuevo Laredo, Ciudad Mante y la regional de Tampico-Madero-Altamira.
Las MSJ constituyen un espacio de trabajo colaborativo y coordinado entre organizaciones de la sociedad civil, autoridades de los tres ordenes de gobierno y representantes populares, para integrar agendas locales de trabajo en los municipios y ciudades donde desarrollan su labor. Como parte de la Red Nacional que coordina la Fundación México SOS, en mayo pasado las MSJ presentaron a los candidatos a la gubernatura la Agenda Tamaulipas 16.22, Seguridad y Justicia, que integra diez puntos encaminados a transformar y mejorar las condiciones de seguridad y justicia en la entidad, la cual fue signada por todos ellos, asumiendo el compromiso de que quien resultara electo la implementaría como parte de su programa de gobierno.
Importa señalar que horas antes de que García Cabeza de Vaca protestara como mandatario, dio a conocer una decálogo que incluye las principales acciones que realizará su gobierno, contemplando algunas medidas de la agenda que le presentaron las MSJ, particularmente en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Sin embargo, no advertimos la inclusión de temas sobre la prevención del delito. En este sentido, conviene advertir que la ENVIPE 2016 da cuenta que durante 2015 se generaron 29.3 millones de delitos, de los cuales 28.2% fueron robos o asaltos en la calle o a transporte público y 24.2% extorsiones, señalando que de Tamaulipas salen prácticamente el 50% de las extorsiones telefónicas que se cometen en el país. Situación que ya había sido denunciada en 2014 por el Observatorio Nacional Ciudadano en su Informe sobre Delitos de Extorción, señalando al penal de Altamira como el lugar desde donde se emitían las llamadas.
Aunque no tenemos duda que en el plan estatal de desarrollo de Don Francisco Javier García Cabeza de Vaca se incluirán las acciones específicas para el combate a la inseguridad y contra el crimen organizado que signó en la Agenda Tamaulipas 16.22, Seguridad y Justicia, queremos solicitarle que dentro ellas contemple las que están encaminadas a promover la reforma integral del sistema penitenciario estatal.