Todo a raíz de la transferencia de 151 millones de dólares de un banco de Suiza a la UAEH.

Después de los diferentes sucesos que se han dado por el supuesto “lavado de dinero” en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), el presidente del Patronato de la misma, Gerardo Sosa Castelán, de acuerdo a fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR), impuso una demanda de amparo para con ello impugnar las posibles órdenes de detención o arraigo, que pudieran girar en su contra.

El tipo de amparo que promovió Sosa Castelán, es conocido como “buscadores”, el cual es usado únicamente contra actos de la Fiscalía General de la República (FGR), es decir, no se impugnan órdenes de aprehensión o comparecencias que sean liberadas por un juez.

De acuerdo a la FGR,  el juez Décimo de Distrito de Amparo Penal, Patricio Vargas Alarcón, concedió hoy a Sosa Castelán, una suspensión temporal para que no sea privado de su libertad dado a una orden de detención de la FGR, pagando una garantía de 3 mil pesos. Y de igual forma dicha suspensión aplica en caso de que algún Ministerio Público ordene algún arresto contra él,  siendo esta una medida de apremio para hacerlo comparecer.

 Por su parte la FGR, de acuerdo a fuentes de la misma,  tendrá que demostrar ante el juez si alguno de los casos que se le imputan a Sosa realmente existen, informando si hay una carpeta de investigación al respecto.

Cabe recordar que fue la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), quien informó que la UAEH recibió una transferencia de 151 millones de dólares de un banco de Suiza, bloqueando las cuentas de la institución por presunto lavado de dinero,  sin embargo, ante ese hecho fue el mismo Sosa quien afirmo la cantidad y dio el nombre del banco de donde se hizo la transferencia, el cual fue “Credit Suisse”, explicando que pertenece a los fondos de los trabajadores jubilados, desde hace 20 años.

La Máxima Casa de Estudios en Hidalgo presentó un amparo anteriormente para impugnar los bloqueos de cuentas que de acuerdo a Sosa impedían el pago a los trabajadores jubilados y un atraso a otras nóminas de los mismos, pero dicho amparo fue negado el 5 de marzo del año en curso.