El próximo 27 de mayo vence el plazo para aprobar los cambios en la legislación secundaria del sistema anticorrupción.
Pasan los días y los mexicanos aún no vemos signos claros de compromiso, de parte de la clase política, para que la reforma para crear el Sistema Nacional Anticorrupción se concrete en tiempo y forma.
El próximo 27 de mayo vence el plazo que los legisladores fijaron para aprobar los cambios y adiciones requeridas en la legislación secundaria. No es mucho tiempo; es preciso acelerar el paso. La sociedad civil debe presionar en ese sentido, porque necesitamos tener la holgura de tiempo suficiente para asegurarnos de que se cumpla con el espíritu y los objetivos de la reforma constitucional.
No podemos quedarnos cortos en este expediente. Sería muy grave que se perdiera esta oportunidad histórica de marcar un punto de inflexión real, efectivo, contra el gran flagelo de la corrupción y su mancuerna, la impunidad.
Corrupción e impunidad son, en conjunto, obstáculo primario para el desarrollo y la cohesión en México: una de las causas principales de la inseguridad y violencia que hoy se vive en muchas zonas del país, reproductora de la injusticia y freno para la competitividad y el crecimiento económico sostenible e incluyente. El deficiente Estado de derecho es una gran deuda de la transición democrática y cuesta varios puntos del PIB.
Ya es tiempo de aterrizar los casos en averiguaciones profesionales y creíbles, a procesos administrativos y/o judiciales, con sanciones efectivas, inhabilitaciones y resarcimiento de daños.
La legislación secundaria pendiente tiene que dar pie a estas capacidades y, más específicamente, a esos resultados: consolidar los avances logrados en la reforma constitucional.
El Sistema Nacional Anticorrupción, en conjunción con el de Transparencia, deben derivar en la profesionalización del servicio público; acceso real a información de los gobiernos; contraloría con participación ciudadana, así como medios efectivos y seguros de denuncia. Tiene que generar procesos eficientes de declaración patrimonial y de posibles conflictos de interés, así como su control efectivo para detectar casos de enriquecimiento ilícito, con material suficiente para fundamentar las consecuencias.
Se trata de ir más allá de la corrupción en abstracto: contar con medios eficaces para prevenir, detectar y castigar el tráfico de influencias, el cohecho, la extorsión, el fraude, la prevaricación o la malversación de fondos. A la par, que la ASF efectivamente pueda fiscalizar en tiempo real y auditar a cualquier entidad que maneje dinero público, incluyendo partidos, sindicatos, fideicomisos o empresas que estén en esa circunstancia.
En este reto, el sector empresarial tiene también una parte por cumplir. La legislación secundaria pendiente debe procurar un esquema claro de sanciones para las empresas que cometan algún ilícito, y al mismo tiempo preservar la certidumbre jurídica necesaria para la operación de las mismas.
Debemos hacer hincapié también en la iniciativa de ley ciudadana 3 de 3, que estamos promoviendo desde la sociedad (www.ley3de3.mx). Estamos en el proceso de recabar las 120 mil firmas necesarias para asegurar su revisión en el Congreso. No obstante, hemos solicitado a los legisladores y al gobierno federal que, sin esperar a que se completen las adhesiones, se sumen al proyecto, como muestra de su compromiso con el avance del Estado de derecho en México.
Los mexicanos no debemos quitar el dedo del renglón: sin confianza institucional, sin justicia, sin leyes que se cumplan y sin combate frontal contra la corrupción y la impunidad, ninguna reforma ni nada de lo que hagamos en los diversos retos que enfrentamos será suficiente para la construcción de la patria que anhelamos.
Twitter: @jpcastanon
