Las investigaciones sobre la gigantesca red de corrupción de Brasil han terminado por golpear de lleno al presidente del país, Michel Temer. El fiscal general de la República, Rodrigo Janot, situó a Temer en el centro de una trama de captación de sobornos para su fuerza política, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), cuando era vicepresidente con Dilma Rousseff. Temer logra por ahora esquivar el destino de los cinco anteriores presidentes del país, todos bajo el punto de mira de la justicia, pero por la inmunidad que le confiere la Constitución.

Desde el miércoles se han apoderado de todas las televisiones y medios digitales brasileños los vídeos divulgados por el Supremo Tribunal Federal  con los testimonios de los 78 antiguos ejecutivos de la macroconstructora Odebrecht que accedieron a colaborar con la justicia. Su relato es el de una casta política corrompida de derecha a izquierda, que acudía a la empresa a pedir dinero para financiar sus fastuosas campañas electorales o simplemente para metérselo en el bolsillo. A cambio, Odebrecht conseguía leyes y concursos públicos a su medida.

Las revelaciones constituyen un nuevo mazazo para la imagen de Luiz Inácio Lula da Silva, el obrero metalúrgico que llegó a presidente y se convirtió en un mito para decenas de millones de brasileños.

Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora, en prisión desde hace más de un año, relata que la compañía llegó a reservar un fondo de 40 millones de reales (más de 12 millones de dólares) para atender las peticiones de Lula y de su fuerza política, el Partido de los Trabajadores (PT). Además de financiación para sus campañas, Lula es acusado de pedir favores para él, para sus hijos y para sus hermanos.