Acabó el primer año de la 64 legislatura sin que los diputados explicaran en qué utilizarán el dinero que “estaban guardando para una gran obra”.

El pasado 13 de mayo en conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Gobierno y coordinador del grupo parlamentario del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) Ricardo Baptista González, reconoció que los morenistas estaban haciendo un “guardadito” con el dinero que se les otorgaba como apoyo mensual, mismo que asciende a 170 mil pesos mensuales a fin de “apoyar con equipamiento hospitalario, o algún otro aparato o material para un beneficio mayor de la población” sin que tuviera certeza aún en qué gastarían ese recurso.

Sin embargo al concluir el primer año de labores de la 64 legislatura y a unas semanas de que se cumplan los 12 meses de la legislatura, ascenderá a 2 millones 40 mil pesos de recursos. Dinero que los mismos diputados reconocieron que no han ejercido, por lo que la negativa de los morenistas de apoyar a la gente ha sido una constante en el congreso bajo el argumento de “yo no manejo recursos”.

Por su parte los legisladores de la oposición han  señalado que con los 10 mil pesos que reciben ellos al mes dan apoyos a la ciudadanía, ya que deben comprobara gastos, es decir que mientras los morenistas no gastan el dinero tampoco pueden comprobar gastos y hay quienes extraoficialmente comentan que en breve los diputados de la bancada de Morena podrían caer en una situación de transparencia al no haber comprobado el gasto en tiempo y forma. 

Cabe destacar que una vez que fue aprobado el presupuesto para el ejercicio fiscal, el diputado Ricardo Baptista González, fue interrogado en reiteradas ocasiones sobre los recursos que se otorgaban extras al sueldo de los diputados y en al menos dos ocasiones negó que se dieran recursos a parte del salario, y en el último cuestionamiento dijo desconocer el ingreso neto de cada diputado.

En su momento Baptista González también reconoció que el único gasto que hicieron de esa bolsa acumulada, fue el de alrededor de 90 mil pesos para el pago a la revista Proceso para que en una plana se emitiera el comunicado mediante el cual acusaba al gobierno estatal de querer “carrancear” recursos productos de una especulación de recaudación de impuestos que los morenistas etiquetaron para obra pública en municipios.