El sexenio de Enrique Peña Nieto ha sido “letal” para los defensores de derechos humanos. Del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2017 han sido asesinados o ejecutados extrajudicialmente 106 defensores y 81 han sido víctimas de desaparición forzada.
Así lo revela el informe La esperanza no se agota. Situación de las personas defensoras de derechos humanos durante la presidencia de Enrique Peña Nieto, elaborado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.
Los datos del reporte indican que en los primeros siete meses de 2017, 30 defensores han sido asesinados y ocho desaparecidos.
La Red TDT reporta que en los primeros cuatro años de la actual administración, se registraron 862 eventos contra personas o colectivos defensores de las garantías fundamentales, en los que se han vulnerado sus derechos en 30 entidades federativas.
En los primeros cuatro años, fueron asesinados 76 defensores, de ellos 24 por agentes estatales y 53 por otros actores.
“Las instituciones se exhiben con toda su crudeza: son dispositivos de control, diques de contención, artificios para masacrar, barreras y jaulas para proteger a quienes están en la zona desde donde se ejerce la dominación. Ante la adversidad, y pese al contexto de riesgo, corrupción e impunidad, siguen aumentando las personas que día con día luchan por el reconocimiento, vigencia y promoción de nuestros derechos humanos”.
La Red TDT está conformada por 84 organizaciones en todo el país.
El informe señala que son cuatro las entidades federativas en la que se registra el mayor número de casos de agresiones contra defensores: Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México y Guerrero.
Los principales perpetradores no estatales son: grupos de choque, empresas privadas y medios de comunicación.
Los tipos de agresión son: detención arbitraria o ilegal, agresiones físicas, uso desproporcionado o indebido de la fuerza, intimidación, encarcelamiento arbitrario, hostigamiento, amenazas, violaciones al derecho de acceso a la justicia, desaparición forzada, violaciones al derecho a la protección frente al abuso del poder, amenazas de muerte, violaciones al derecho a la seguridad ciudadana, vigilancia, violaciones al derecho a la honra y la reputación, allanamiento y asesinatos.
