Se pedían 200 millones y se otorgaron 100 más, aseguró Víctor Guerrero Trejo.

Tras la aprobación y publicación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del estado de Hidalgo, en el que los diputados locales le otorgaron 50 por ciento más recursos al rubro del campo, el diputado de la fracción del partido del Movimiento de Regeneración  Nacional (Morena), Víctor Guerrero Trejo, reconoció la importancia de trabajar con las organizaciones campesinas para poder ahondar más en el tema.

A través de un comunicado de prensa, el diputado señaló que se tuvo una “positiva mesa de diálogo” con los representantes de las  agrupaciones del Frente Auténtico del Campo, como la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA); el Movimiento Social por la Tierra (MST) y la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc) en las que fueron tomados en cuenta las propuestas de todos.

Destacó que en la propuesta inicial del Gobierno del estado, se establecía para el sector agrario poco más de 200 millones de pesos, por lo que los diputados acordaron que serían 300 millones, es decir 100 millones más. Aumento que consideró histórico ya que destacó que el Gobierno estatal tenía años sin proponer un incremento, “esto repercutió directamente y de manera negativa  en diversos programas y acciones relativas al campo”, situación que ha sido aplaudida por las organizaciones del campo.

En este sentido, explicó que se etiquetaron 40 millones para obras públicas;  infraestructura rural y urbana tales como electrificación, agua potable, saneamiento tanto urbano como básico rural. Otros 25 millones para la compra de reserva territorial para la construcción de fraccionamientos para personas de bajos recursos; 5 millones para la regularización de colonias asentadas en terrenos irregulares y la tramitación de permisos de fraccionamiento así como escrituración, entre otros.

Finalmente mencionó que detectaron asignación “injustificada” de recursos en algunas dependencias, en algunas incluso los montos para pago de nómina eran muy  superiores a los que se pedían para  programas y acciones propias de esas instancias,  por lo que tras un exhaustivo análisis financiero y jurídico,  se decidió re-direccionar  un porcentaje de esos montos a otros sectores, como el campo.