Secretaria de la Función Pública invita a diplomáticos a combatir la corrupción

NÚMEROS CLAROS

    •    El problema es evidente y, aun cuando los mexicanos hemos aprendido a sobrevivir bajo la corrupción


En el marco de la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules 2020, que se realiza del 7 al 10 de enero en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde analizan el panorama internacional actual y delinean la política exterior mexicana, conjuntamente con el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de la Función Pública, Dra. Irma Eréndira Sandoval, invitó a los diplomáticos mexicanos a sumarse a la lucha contra la corrupción, señalando que el vínculo con Cónsules y Embajadores es muy importante para enriquecer el trabajo que viene realizado el presidente y la Secretaría de la Función Pública.
La Dra. Sandoval precisó que hoy, “ya no fingimos que la corrupción es un tema de valores y no de leyes ni firmamos convenios, códigos y protocolos aspiraciones, sino que se transforman estructuras y se sanciona el uso o actuar indebido de los servidores públicos”, es decir, se ha pasado de la simulación a la acción y penalización de quienes hacen uso indebido de funciones y recursos públicos; lo cual distingue a una SFP que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se pretendía desparecer y hoy es el baluarte de la lucha contra la corrupción.
Aunque los medios centraron su atención en la afirmación de la secretaria sobre el reto que enfrenta la SFP para recuperar más de 46 mil millones de pesos que los Estados de la Federación no han justificado, procedentes de observaciones en auditorías; en los más de 17 mil millones de pesos en observaciones a obra pública; en las multas pendientes de cobrar a proveedores y contratistas del gobierno, por más de 1.4 millones de pesos; así como  en las sanciones impuestas a 3 mil 400 funcionarios por más de 4 mil 494 millones de pesos; en realidad, Cónsules y Embajadores tienen mucho por hacer para sumarse a la lucha contra la corrupción.
México forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), adoptada en Mérida, Yucatán, en diciembre de 2003; la cual ha incorporado ya a 126 países. Esta Convención de la ONU, ha adoptado medidas para prevenir y combatir la corrupción, para fomentar la cooperación internacional y la asistencia técnica; para promover la rendición de cuentas y la correcta gestión de los asuntos y bienes públicos; sin embargo, de poco ha servido en todos estos años y sólo ha sido hasta ahora que la Dra. Sandoval ha retomado seriamente esos compromisos para poner fin a la corrupción y la simulación.
El problema es evidente y, aun cuando los mexicanos hemos aprendido a sobrevivir bajo la corrupción, este fenómeno ha provocando enormes daños a la economía nacional, ha detenido el desarrollo social del país y aumentado el empobrecimiento de los hogares. El entonces presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, en la Cumbre contra la Corrupción efectuada en Londres en 2016, señaló que “La corrupción equivale, simplemente, a robar a los pobres. Constituye un doble menoscabo del crecimiento y la prosperidad, en lo que se refiere no solo al desvío de recursos de sus fines previstos sino también a los efectos a largo plazo de los servicios que no se prestan: falta de vacunación, falta de suministro de útiles escolares, falta de construcción de caminos.”, precisó entonces y México es el mejor ejemplo de ello.
También, el Subdirector de Investigación Económica del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gian Maria Milesi, ha considerado que el crecimiento de la economía nacional ha sido discreto para el potencial que tiene nuestro país; explicando que su lento crecimiento es debido a “la prevalencia de la corrupción y la inseguridad”; y no es para menos, de 1994, año en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a la fecha, la economía nacional sólo ha podido crecer a un ritmo promedio anual menor al 2.4%.
Los daños económicos y sociales de la corrupción son incalculables. No sólo se trata de dinero, tampoco de licitaciones públicas reservadas o concursos de oposición “amañados”; sino de actos de simulación en el ejercicio de las políticas públicas del Estado, las cuales han hundiendo en la pobreza y la frustración a millones de mexicanos.
Pero en la SRE, y entre los diplomáticos, hay mucho por hacer aún. Además del reciente robo del libro en Buenos Aires, no está lejos el caso del tráfico de influencias de la consejera, y luego embajadora en Sudáfrica, Ana Luisa Fajer, quien influyó para que su hermano obtuviera el contrato por adjudicación directa para el servicio de atención telefónica, de información y concertación de citas para trámites y servicios en la SRE. Pero no ha sido el único, la Auditoría Superior de la Federación detectó en 2017 irregularidades sobre el uso y destino de mil 70 millones 49 mil pesos en el programa de fortalecimiento para la atención a mexicanos en el exterior; en tanto que al auditarse a los consulados sobre el ejercicio de los recursos de la fundación “Juntos podemos”, unos 950 millones de pesos no pudieron ser justificados, al igual que otros destinados a al programa de Fortalecimiento a la Atención de Migrantes en Estados Unidos.
La información disponible permite avizorar que es en los indicadores de gestión e impacto de las actividades consulares donde se pueden identificar los posibles actos de corrupción, debido a los múltiples servicios que se prestan a los mexicanos en el exterior, o que no se otorgan y pueden ser justificados como si se hubieran dado y desviar los recursos a cuentas personales. Otros actos de corrupción no necesariamente implican recursos financieros, ellos van desde los exámenes de ingreso al Servicio Exterior Mexicano (SEM), las evaluaciones para el ascenso hasta exámenes pactados con instituciones como el BID para contratar personal o evaluar a los diplomáticos; cuya discrecionalidad con se manejan tales decisiones por parte de grupos de poder al interior, indica que se privilegia el ingreso y promoción de personas afines; mientras se castiga y propicia el estancamiento del resto, por intereses familiares, afinidad política o pago de facturas. De tal modo que queda mucho por hacer entre los diplomáticos que nos representan en el exterior, a fin de que puedan desempeñarse con pulcritud.

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