PROPUESTA DE JAJAIRA ACEVES
Los MPs y peritos no deben convertirse en defensores de imputados al menos durante el año posterior a la renuncia que hagan ante la Procuraduría
En Hidalgo sucede que Ministerios Públicos y peritos, se convierten en defensores de imputados en asuntos de determinada materia y casos que conocen, apenas un día después de renunciar al cargo o ser despedidos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), señaló la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Jajaira Aceves Calva, quien explicó que este tipo de situaciones entorpecen la verdadera aplicación de la justicia en la entidad.
“Un día son servidores públicos y al día siguiente defienden a los imputados, después de haber conocido las carpetas o haber estado en los juicios de esas personas, en una clara prevaricación y perjuicio para las víctimas; sea por descontento, reproche a la institución, ingratitud o exigüidad de la compensación económica por la que atraviesan”, dijo.
La diputada local, agregó que para el caso de las víctimas, es lamentable saber que la persona que integró sus carpetas se va de la institución y ahora defiende al acusado, en una clara violación al deber de ética que los debe regir, ya que deben estar están sujetos a los principios de: honradez, imparcialidad y sobre todo ética en el desempeño de sus funciones.
De igual forma apuntó que es necesario, prohibir por un tiempo razonable, que sería de al menos un año, el que un servidor público pueda desempeñarse como defensor particular, perito o investigador de carpetas de investigación y de causas o juicios en las que defiendan o patrocinen intereses de imputados, con excepción de que él o la imputada o víctima sea su esposa, esposo, ascendientes o descendientes y/o colaterales hasta el segundo grado.
Y explicó que el objetivo es “salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Se busca que los agentes del Ministerio Público y peritos puedan quedar imposibilitados para tramitar o intervenir como abogados, representantes, apoderados o en cualquier otra forma de intervención en la atención de asuntos en los que tengan bajo cualquier esquema interferencia en la Procuraduría”.
Finalmente, referente a las sanciones, la diputada explicó que en caso de incumplimiento de los ex-servidores públicos, podrían ser sujetos de responsabilidad administrativa disciplinaria y se impondría inhabilitación para el ejercicio profesional hasta por tres años así como una multa económica hasta por mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), con independencia de lo que otras leyes establezcan.
