MIXQUIAHUALA
* El Obispo Juan Pedro Juárez fue duramente cuestionado sobre el sacerdote acusado de abuso sexual y dijo que de la Iglesia, el señalado sólo tendrá el beneficio de la oración
El Obispo de Tula, Juan Pedro Juárez Meléndez, fue duramente cuestionado por católicos en Mixquiahuala, donde le impidieron celebrar una misa al interior de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, debido a su postura sobre la detención del sacerdote, Alfredo Campos Sancén, quien enfrenta delitos de abuso sexual contra tres personas, entre ellos un menor de seis años.
El jerarca católico, debido a la postura de los vecinos, se vio obligado a ofrecer su liturgia en el atrio, previo acuerdo de dar una información pública respecto al proceso legal que enfrenta el sacerdote, sin embargo terminada la ceremonia accedió a dialogar, pero en privado.
Sobre el tema, el Consejo Parroquial, integrado principalmente por mujeres, sostienen ante el Obispo, que existen irregularidades en las denuncias presentadas contra el sacerdote, las cuales consideraron como falsas y absurdas.
Ante las supuestas anomalías, sostienen que encabezarán una serie de acciones, entre las cuales no descartan movilizaciones sociales para exigir el esclarecimiento del caso, asimismo piden su libertad inmediata.
Al término del encuentro con los feligreses inconformes, el Obispo Juárez Meléndez sostuvo, que no brindará apoyo legal al sacerdote y argumentó “debemos confiar en la verdad de la justicia. Cuando yo tengo noticia de una situación muy grave como es este caso, yo debo dar noticia a la autoridad competente, imagínese que busque yo un abogado que lo defienda, en qué caigo, en complicidad, eso es lo que debo evitar”.
Expuso, que la política de la Iglesia es de tolerancia cero ante este tipo de casos, pues incluso el Papa Francisco, ha designado un tribunal que se encargará de procesar a los obispos que son cómplices de delitos de pederastia, por lo que él no dará, dijo, ni siquiera la “impresión” de respaldo al sacerdote.
Agregó, que él no tuvo conocimiento de los casos registrados desde el 2011, porque ninguna de las víctimas recurrió a la Diócesis, sino a las autoridades civiles. Sin embargo en enero ante el “fuero eclesiástico” se tuvo conocimiento del problema, de ahí que el asunto también lo deberá atender el tribunal de la misma Iglesia.
De parte de la Iglesia, el sacerdote solamente obtendrá el beneficio de la oración, porque no se dará ningún apoyo legal o de protección ante el proceso legal que enfrenta, tanto en tribunales civiles como eclesiásticos.
Cabe recordar que la detención del sacerdote, Alfredo Campos de 64 años de edad, se realizó a principios de la semana pasada por parte de autoridades estatales, lo que provocó diferentes reacciones entre los feligreses, algunos decidieron defender al párroco y protestar frente al penal de Pachuca, donde hoy se encuentra.